El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió públicamente en una entrevista con José del Río para el diario La Nación que mantuvo gran parte de su patrimonio fuera del sistema legal durante su actividad en el sector privado.
Con la frase “ahorramos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos”, el funcionario intentó naturalizar una conducta de evasión impositiva que hoy lo obliga a presentar declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.
Esta confesión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la promoción gubernamental del proyecto de “Inocencia Fiscal”. Según el periodista Sebastián Premici en El Destape, este proyecto busca consagrar un esquema de regularización de activos de carácter permanente, limitando la capacidad punitiva del Estado frente a la evasión agravada.
El salto del sector privado a la rectificación serial
Adorni fundamentó su omisión patrimonial inicial alegando que, al asumir el cargo en diciembre de 2023, se limitó a copiar declaraciones anteriores donde no figuraban sus ahorros previos.
Sin embargo, la justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito, tras detectarse movimientos de fondos y compras de propiedades que no coinciden con sus ingresos declarados.
Para intentar justificar su patrimonio, el funcionario apeló a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, con las que habría obtenido ganancias cercanas a los 300.000 dólares.
No obstante, admitió que debe rectificar más de 20 declaraciones juradas patrimoniales para incorporar este «ahorro en negro» generado durante 25 años.
Inocencia Fiscal: ¿Un indulto a la carta?
El régimen de «Inocencia Fiscal» es analizado por especialistas como una herramienta que profundiza la desigualdad. Un informe del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), publicado en elDiarioAR, advierte que este tipo de amnistías fiscales recurrentes —Argentina es el país que más ha realizado en los últimos 50 años— terminan premiando al evasor y perjudicando al contribuyente cumplidor.
Desde una perspectiva técnica, las amnistías fiscales sin reformas estructurales tienen una lógica cortoplacista.
En este sentido, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) sostiene que la «Inocencia Fiscal» opera como un régimen permanente que reduce al mínimo los filtros sobre la procedencia de los fondos, lo que podría facilitar la legalización de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción o el contrabando.
La erosión de la cultura tributaria
La justificación de Adorni sobre la evasión como una forma de «escapar de la política» refleja lo que María Goenaga Ruiz de Zuazu describe en un estudio para Funcas como un debilitamiento de la moral tributaria.
La percepción de que sectores de altos ingresos pueden acceder a perdones recurrentes degrada el compromiso cívico de pagar impuestos.
Además, el proyecto oficial eleva de manera exponencial los montos mínimos de punibilidad (en algunos casos hasta 60 veces), desplazando conductas delictivas del carril penal al administrativo.
Esto, según el IPyPP, otorga una alta discrecionalidad operativa a los organismos de recaudación para decidir qué casos judicializar.
Mientras Adorni asegura que pagará los impuestos y multas correspondientes, su situación pone de manifiesto la contradicción de una administración que, al mismo tiempo que recorta el gasto público, impulsa mecanismos que podrían garantizar la impunidad para la evasión estructural en Argentina.
