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El Senado entre la «usura» financiera y el reparto de cargos judiciales

En una sesión marcada por la tensión reglamentaria, el Senado otorgó media sanción al pago a acreedores remanentes del default de 2001 y aprobó 74 pliegos judiciales. El senador José Mayans denunció un "esquema usurario" que emula el plan económico de la última dictadura militar.

El Senado de la Nación, bajo la conducción de Victoria Villarruel, convalidó este jueves un doble movimiento político de alto impacto: la media sanción al acuerdo de pago con los últimos acreedores holdouts y el nombramiento de 74 magistrados para cubrir vacantes en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos. La jornada, que inició con un minuto de silencio por las víctimas de femicidios, derivó rápidamente en un duro cruce de modelos económicos y denuncias sobre la «opacidad» en el manejo de la deuda pública.

Deuda y «continuidad dictatorial»

El punto más álgido del debate fue el proyecto que autoriza pagos derivados de conciliaciones con los tenedores de títulos Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP. Estos acreedores representan los últimos litigios activos tras el default de 2001.

Desde la bancada oficialista, el senador Agustín Monteverde defendió el acuerdo calificándolo como «razonable, conveniente y legal«, argumentando que extingue litigios y evita embargos sobre activos como acciones de YPF o el Banco Nación. Sin embargo, la oposición, liderada por el senador José Mayans, trazó una línea histórica sombría para contextualizar la medida.

Mayans vinculó directamente el programa actual con el de la dictadura cívico-militar de 1976. «Este es el mismo plan de siempre», disparó el formoseño, nombrando a Martínez de Hoz como el arquitecto original de un esquema de «devaluación y apertura de importaciones» que hoy reaparece bajo otros nombres. Según su análisis, el país se encamina a una deuda que ya roza el 100% del PBI, preparando el terreno para una crisis similar a la que enfrentó Raúl Alfonsín.

En un tramo punzante de su discurso, Mayans denunció la «inmoralidad» del sistema financiero internacional: «No se le puede pedir corazón y alma a esta gente. El capital es así, es sin alma realmente». Criticó además que se premie a los fondos que compran bonos devaluados para luego reclamar cifras astronómicas, tildando al equipo económico de ser «cómplice» de la banca Morgan.

Judiciales: un acuerdo bajo sospecha reglamentaria

El tratamiento de los 74 pliegos judiciales no estuvo exento de controversias de procedimiento. Originalmente, se preveía tratar solo 50 pliegos, pero el oficialismo forzó la inclusión de 24 adicionales que no contaban con el consenso previo en la reunión de Labor Parlamentaria.

Mayans acusó a la presidencia de la Cámara de una «gran deslealtad parlamentaria» y de adulterar lo acordado. Particularmente, señaló la maniobra sobre el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación había sido resistida por el Poder Ejecutivo por supuestos vínculos familiares con un periodista crítico.

Finalmente, tras un cuarto intermedio y una negociación tensa, los pliegos obtuvieron luz verde, incluyendo el de Michelli. Este avance sobre la justicia federal se completó con la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Mar del Plata y la reorganización de la de Tucumán, medidas que buscan descongestionar fueros saturados por causas de narcotráfico, previsionales y de salud.

Implicancias políticas y territoriales

El escenario nacional tuvo su correlato territorial cuando el senador formoseño Francisco Paoltroni solicitó la intervención federal de Formosa, tildando a Gildo Insfrán de «tirano«. Mayans respondió con dureza, calificando el pedido como «payasesco» y defendiendo la gestión provincial como una de las pocas sin déficit ni deuda.

La nota de cierre de la oposición fue una advertencia sobre la sostenibilidad del modelo. Mayans fue categórico: «No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda ni del desastre que están haciendo con la economía argentina«. Para el jefe de la bancada justicialista, mientras el Jefe de Gabinete no comparezca a brindar informes, cualquier validación del endeudamiento constituye un acto de complicidad con un «gobierno ultracorrupto» que rifa los bienes del Estado.

La media sanción del acuerdo con los acreedores pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará sellar definitivamente un compromiso financiero que, para la oposición, hipoteca el futuro de las próximas generaciones bajo una «usura» que ya no se oculta.

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