El avance sobre la propiedad rural y los recursos estratégicos
El debate parlamentario sobre la normativa que protege el territorio nacional frente a la propiedad extranjera ha vuelto al centro de la escena política. En diálogo con el programa «Jugo de Limón» de AM 530, la legisladora por Río Negro, Magdalena Odarda, alertó sobre las implicancias de una posible flexibilización del marco legal vigente, señalando que «el futuro es negro si es que esta ley se pone en tratamiento» en el Congreso Nacional. Según la referente, la eliminación de restricciones permitiría que inversores foráneos adquieran extensiones de tierra sin límites, comprometiendo la integridad territorial del país.
La legisladora vinculó el avance de estas reformas con las estrategias de negociación del Poder Ejecutivo para obtener apoyo legislativo de los gobernadores. En su análisis, Odarda describió un sistema de «tome y daca» donde se intercambian votos por anticipos de coparticipación o el pago de deudas previsionales. Esta dinámica, según la fuente, debilita el federalismo y pone en riesgo leyes que fueron fruto de un consenso popular, afectando directamente la soberanía sobre los bienes naturales comunes.
Denuncias de inconstitucionalidad en la Patagonia
Un punto crítico del diagnóstico de Odarda es la compra de tierras por parte de estados extranjeros, mencionando específicamente a Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La legisladora sostiene que estas adquisiciones se realizan a través de «personas jurídicas interpuestas» para eludir la prohibición constitucional de vender territorio a otros Estados. Este esquema habría permitido la acumulación de aproximadamente 700.000 hectáreas en manos extranjeras en zonas estratégicas.
La ubicación de estos terrenos agrava la preocupación, ya que se encuentran en áreas de seguridad de frontera, tanto en la cordillera de los Andes como en la costa atlántica. Odarda subrayó que se han adquirido propiedades que «linda con cuerpos de agua con fuentes de agua», como el alto río Chubut, lo que otorga a capitales privados el control sobre recursos hídricos vitales. Esta situación reconfigura los límites provinciales y crea áreas donde la autoridad local pierde capacidad de control efectivo.
La trama de intermediarios y la impunidad territorial
La entrevista también puso el foco en los actores que facilitan este proceso de extranjerización. Odarda señaló que empresas vinculadas a capitales conocidos, como los de Joseph Lewis, actúan como intermediarios. «El que abre las puertas como una gran inmobiliaria para el ingreso de estos nuevos capitales es el mismo Lewis», afirmó la legisladora, refiriéndose a la venta de tierras que incluyen infraestructura sensible, como aeropuertos privados sin control estatal.
Finalmente, la legisladora rionegrina remarcó la falta de supervisión sobre el origen de los fondos utilizados en estas transacciones y la consecuente criminalización de comunidades originarias que habitan esos territorios. Ante este escenario, Odarda informó haber presentado proyectos para recuperar tierras vendidas mediante testaferros, aunque admitió la dificultad de que prosperen en el contexto político actual, donde se busca «destruir una de las leyes más legítimas porque nació de la voluntad del pueblo: la ley de tierras».
