En una jornada marcada por la incertidumbre parlamentaria, el bloque de La Libertad Avanza sufrió un traspié al no reunir los apoyos necesarios para avanzar con el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según informó el portal Página|12, la falta de votos para la media sanción obligó a que la Cámara Alta dispusiera que “la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto”.
La iniciativa, que tiene como una de sus principales impulsoras a Patricia Bullrich, jefa de la alianza oficialista en el Senado, busca una transformación profunda del régimen dominial argentino. El núcleo de la controversia radica en que la propuesta “elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros”, una medida que sectores de la oposición y especialistas señalan como un riesgo directo para el control de los recursos naturales.
Desregulación ambiental y territorial
Más allá de la retórica sobre el derecho a la propiedad, el proyecto introduce cambios operativos que afectan la gestión del territorio. La normativa no solo apunta a que empresarios foráneos adquieran tierras rurales sin topes legales, sino que también “habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos”, lo que representa una potencial amenaza para los ecosistemas y las poblaciones rurales.
Desde una perspectiva crítica, este intento de reforma se interpreta como un cambio de paradigma en la soberanía nacional. La intención del Ejecutivo de facilitar el ingreso de capitales sobre áreas estratégicas implica que “la discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía”, al dejar en manos del mercado la administración de suelos con recursos vitales.
Acuerdos parciales y agenda pendiente
Pese al freno en el tema de tierras, la administración logró destrabar otros expedientes antes de la pausa legislativa. El oficialismo consiguió la validación de “27 ascensos en la Cancillería y 29 pliegos judiciales”, demostrando una capacidad de negociación selectiva que no alcanzó para los temas de fondo económico y territorial.
La mirada está puesta ahora en el próximo 6 de agosto, fecha en la que se retomará el debate. Para esa jornada, el Gobierno también aspira a tratar la “Ley Hojarasca”, la cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca derogar normativas consideradas obsoletas por el oficialismo.
