El «show» como herramienta de persecución
El ministro Mena fue tajante al evaluar la exposición judicial de la exmandataria, sugiriendo que el proceso carece de rigor técnico y sobra en puesta en escena. Para el funcionario bonaerense, lo ocurrido en las últimas jornadas no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que calificó como el «sumun perfecto de lo que nosotros venimos cuestionando» en relación al funcionamiento de Comodoro Py.
Bajo esta mirada, la causa no solo afectaría a figuras públicas, sino que horadaría los cimientos del Estado de Derecho. Mena advirtió que la motivación política detrás de ciertos expedientes ha provocado que se «llevaron puestas la constitución nacional entera y todas las leyes de nuestro país», lo que genera una situación de vulnerabilidad para el ciudadano común.
Irregularidades en la prueba y la «mesa judicial»
Al abordar los aspectos técnicos de la causa «Cuadernos», Mena hizo hincapié en las pericias que cuestionan la validez de los manuscritos de Oscar Centeno. El ministro insistió en que el expediente es un «mamarracho jurídico que tuvo un solo un exclusivo fin político», basándose en la existencia de más de 100 enmiendas y tachaduras detectadas por especialistas.
La crítica no se limitó a los papeles, sino que escaló hacia los nombres propios del sistema federal, mencionando a los magistrados y fiscales que intervinieron durante el macrismo. Según Mena, el problema reside en un grupo reducido de funcionarios, señalando que «siempre estamos hablando de las mismas 20 personas» que rotan en las causas de alto impacto político, lo que anula cualquier pretensión de imparcialidad.
De la corrupción a la «perversión judicial»
El ministro también analizó casos emblemáticos de corrupción, como el de José López, aunque bajo una perspectiva que denuncia una supuesta manipulación del programa de protección de testigos. Mena calificó el manejo de estas situaciones como una «perversión judicial», alegando que se utilizó a exfuncionarios para construir relatos a cambio de beneficios procesales.
En este sentido, criticó duramente la gestión del exministro Germán Garavano, afirmando que mediante resoluciones administrativas se «engañan a la ciudadanía con un buen fin… pero generan todo lo contrario», en referencia a la supuesta impunidad de algunos arrepentidos. Esta mirada sugiere que la lucha contra la corrupción se transformó en una herramienta de disciplinamiento político más que en una búsqueda de justicia.
Autocrítica por el «gobierno fallido»
Uno de los puntos más salientes de la entrevista fue el reconocimiento de la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández para reformar el Poder Judicial. Mena, quien fue Secretario de Justicia de la Nación en dicho periodo, definió la gestión como un «gobierno fallido» en términos de política judicial.
El funcionario admitió que, a pesar de conocer las irregularidades desde el primer día, el peronismo tuvo una «incapacidad política absoluta para poder llevar a cabo una profunda reforma judicial». Esta confesión pone de relieve las tensiones internas y la falta de «músculo» político que impidieron avanzar contra una estructura que, según él, sigue respondiendo a intereses ajenos al servicio público.
Hacia un sistema de «servicio» y no de «poder»
Para concluir, Mena planteó la necesidad de un cambio estructural que exceda los decretos y se asiente en una reforma constitucional. Su propuesta es despojar a la justicia de su carácter de «poder» para transformarla en una prestación básica para la sociedad. Para el ministro, el eje debe ser que el «servicio de justicia tiene que volver a ser un servicio no un poder», comparándolo con la salud pública.
Esta visión crítica implica que, mientras la justicia siga siendo un terreno de disputa de poder económico y mediático, la democracia argentina seguirá siendo de «baja intensidad». La implicancia territorial es clara: la degradación de la cúpula judicial termina afectando la calidad de las respuestas que reciben los ciudadanos en los tribunales de familia o en los fueros penales de las provincias.
Durante el diálogo periodístico, Mena no dudó en posicionarse a favor de una medida excepcional ante la condena que pesa sobre la exmandataria. Para el ministro, dada la irregularidad que percibe en los procesos judiciales, el uso de la facultad presidencial está plenamente justificado, llegando a afirmar: «Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina». Esta declaración lo ubica en el ala más dura del kirchnerismo, que considera que la vía judicial está agotada por la falta de imparcialidad de los magistrados intervinientes.
El funcionario argumentó que, ante un escenario de «barbarie» donde el Estado de Derecho se diluye, herramientas como el indulto recuperan su valor democrático. Al ser consultado sobre si lo consideraba un camino válido, Mena respondió que «no tengo duda, sí claro, si me preguntas a mí sí», subrayando que su postura se sostiene incluso por encima de las preferencias personales de la propia afectada.
La negativa de Cristina: Justicia vs. Perdón
Pese a su convicción personal, el titular de la cartera de Justicia bonaerense aclaró que existe una discrepancia estratégica con la expresidenta sobre este punto. Según relató, el tema ha sido motivo de frecuentes intercambios en los que ella ha mantenido una posición firme contra el beneficio, asegurando que «ella no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar, lo hemos discutido 12 veces». Esta revelación sugiere que, para la actual jefa política de Mena, la aceptación de un indulto implicaría una admisión de culpa que no está dispuesta a convalidar.
La distinción entre el «perdón» y la «justicia» es el eje central de la negativa de la exmandataria. Mena explicó que la postura de Kirchner se basa en la búsqueda de una rectificación institucional de sus causas y no en una salida administrativa que deje firmes los fallos anteriores, señalando que «ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón». Esta búsqueda de reivindicación técnica choca con el diagnóstico de Mena sobre un sistema judicial que considera «podrido» en su cabeza.
El trasfondo de un sistema «mafioso»
La defensa del indulto por parte de Mena no es aislada, sino que se desprende de su crítica visceral al funcionamiento de Comodoro Py, al que tildó de «mamarracho jurídico que tuvo un solo un exclusivo fin político». Según el ministro, la causa de los «Cuadernos» es el ejemplo máximo de un «show mediático» donde se han vulnerado todas las garantías constitucionales para perseguir a dirigentes opositores.
En este contexto, el funcionario bonaerense inscribió su propuesta de indulto dentro de una crisis de diseño constitucional que, a su criterio, el último gobierno nacional no supo resolver. Tras calificar a la gestión de Alberto Fernández como un «gobierno fallido» en términos judiciales, admitió que el peronismo tuvo una «incapacidad política absoluta para poder llevar a cabo una profunda reforma». Ante esa parálisis, el indulto aparece en su discurso como la única respuesta inmediata frente a lo que denomina un «poder judicial mafioso».
