El sistema científico nacional en alerta: denuncian el presupuesto más bajo desde 1972
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de 61 universidades públicas y 14 instituciones provinciales, manifestó su profunda preocupación por el estado actual del sistema de ciencia y tecnología en Argentina. Según denunció la institución, las políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo nacional están erosionando la soberanía científica, tecnológica y productiva del país.
De acuerdo con un reporte de la agencia teleSUR, basado en datos del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el financiamiento total del sector equivale apenas al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra representa un mínimo absoluto en la serie histórica registrada desde el año 1972.
El impacto en los organismos de bandera
El ajuste presupuestario, que alcanza una caída del 50,8% en términos reales desde diciembre de 2023, ha afectado la operatividad de instituciones fundamentales para el desarrollo nacional. Entre los organismos más comprometidos se encuentran:
- Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): Sufre la pérdida de personal especializado y la parálisis de proyectos de vanguardia mundial.
- CONICET: Enfrenta restricciones en el ingreso a la carrera del investigador y una marcada incertidumbre para cientos de becarios doctorales y postdoctorales.
- INTI e INTA: Ambos institutos ven limitada su capacidad para brindar asistencia técnica a la industria y promover la innovación en la cadena agroalimentaria, respectivamente.
Proyectos estratégicos en pausa
La desarticulación del sistema ha provocado la suspensión de obras de infraestructura científico-tecnológica que demandaron décadas de inversión pública. Entre los proyectos paralizados destacan el reactor modular Carem, en la localidad de Zárate, y el reactor multipropósito RA-10.
Desde el CIN advierten que la interrupción de estos programas y de la formación de recursos humanos conlleva una pérdida de capacidades difícil de recuperar. Ante esta situación, los rectores han exigido al Gobierno de Javier Milei que garantice el financiamiento necesario para sostener las trayectorias de investigación.
Antecedentes y marco legal
Esta tensión presupuestaria ha derivado en acciones judiciales. A finales de junio, el CIN obtuvo una medida cautelar por parte de la Corte Suprema de Justicia, que obliga al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha ley había sido ratificada por el Congreso de la Nación tras un veto presidencial inicial.
Mientras tanto, la comunidad científica continúa movilizada. Recientemente, trabajadores de la CNEA realizaron un «abrazo simbólico» al Centro Atómico de Bariloche para denunciar lo que consideran un desmantelamiento del sector nuclear.
