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El INTA oficializó el despido de la investigadora Virginia Aparicio tras coordinar un estudio sobre agrotóxicos

El Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio mediante la Resolución 366. La sanción genera conmoción en el interior productivo y en la ciencia pública tras sus hallazgos sobre la presencia de glifosato en la población.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina oficializó el despido de la doctora Virginia Aparicio. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 366 del organismo público. Esta medida constituye la sanción disciplinaria más severa prevista en el régimen de empleo estatal.

Aparicio se desempeñaba desde 1997 como ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce. Con más de dos décadas de trayectoria en la institución, la sanción dispone su exoneración e inhabilitación profesional.

El proyecto SPRINT y los datos sobre la presencia de agrotóxicos

La controversia institucional se desencadenó tras la coordinación nacional del proyecto internacional SPRINT. La iniciativa, aprobada por el INTA en 2020, contó con financiamiento de la Unión Europea y el liderazgo de la Universidad de Wageningen. El estudio evaluó la exposición a plaguicidas en diez países europeos y Argentina.

Durante 2021, el equipo recolectó muestras de agua, suelo, aire, alimentos y fluidos de 73 voluntarios en el sudeste bonaerense. Los hallazgos confirmaron que Argentina presentó la mayor concentración de plaguicidas entre los países analizados. Se detectó glifosato en el 84% de las muestras de orina y en el 100% de las muestras de materia fecal. Además, la sustancia fue identificada en productos de consumo masivo como la yerba mate.

Frenos institucionales, sumario administrativo y contexto político

En junio de 2023, las autoridades del INTA frenaron la reunión donde se presentarían los resultados a los voluntarios. Meses después, el organismo retiró formalmente al país del proyecto e inició un sumario administrativo con ocho imputaciones contra la científica. Las acusaciones incluyeron supuestas irregularidades en el manejo de datos y el envío de muestras al exterior.

La defensa legal de Aparicio fundamentó que la transferencia de muestras respondió estrictamente a los protocolos internacionales del proyecto. En la resolución, el INTA reconoció que no se comprobó beneficio económico personal ni perjuicio fiscal. Sin embargo, el Consejo Directivo desestimó las nulidades presentadas.

El hecho fue vinculado a las políticas de ajuste y desregulación del Gobierno nacional sobre los organismos de ciencia y técnica. Diversos sectores advirtieron que la medida busca limitar los controles estatales en el sector agroindustrial. Ante la confirmación de la medida, la defensa legal confirmó que apelará en la justicia para resguardar la autonomía científica.

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