La reciente reforma laboral introducida por la Ley Bases ha puesto en el centro del debate al Fondo de Asistencia Laboral FAL. Este mecanismo sustituye el sistema tradicional de indemnizaciones por un esquema de aportes mensuales obligatorios. En la práctica, las empresas deben destinar un 1% de su masa laboral si son grandes firmas, o un 2,5% si se trata de pymes, para alimentar este fondo.
Sin embargo, especialistas como la Dra. María Paula Lozano, secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas, advierten en el portal Frente a Cano que esta medida «tiene olor a negocio financiero». Lozano sostiene que el sistema en realidad desvía fondos de la seguridad social para financiar los despidos, lo que termina alentando la desvinculación de trabajadores al volverla un trámite «gratis» para el empleador que ya realizó el aporte.
Un golpe al corazón de la Constitución Nacional
La legalidad del nuevo sistema se encuentra bajo un intenso fuego cruzado por parte de prestigiosos juristas. El Dr. Mario Ackerman, especialista en Derecho Comercial y Laboral, afirmó en el sitio Primera Fuente que el diseño del fondo es inconstitucional por delegar facultades legislativas al Ejecutivo sin parámetros claros. Además, Ackerman subrayó que el artículo 14 bis de la Constitución no admite que el trabajador quede privado de la protección contra el despido arbitrario.
Por su parte, Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, señaló en FM UTN que el proyecto avanza sobre el núcleo del sistema laboral argentino. Según el abogado, el FAL no solo compromete recursos del sistema previsional, sino que también profundiza la desigualdad estructural entre empleadores y empleados al desconocer la asimetría de la relación laboral individual.
Las sombras de un nuevo curro financiero
Más allá de lo estrictamente jurídico, el mercado financiero observa con desconfianza el destino de los aproximadamente u$s 3.000 millones anuales que acumularía el fondo. Según un análisis publicado en Alternativa, existe el temor de que el ministro Luis Caputo presione para que este capital se invierta compulsivamente en bonos del Tesoro. Esta maniobra recordaría a las experiencias de las AFJP en los años 90 y 2000, donde los ahorros de los trabajadores terminaron financiando el déficit estatal.
En una línea similar, el abogado Gustavo Ciampa calificó el plan como «macabro» en declaraciones a Página|12. Ciampa asegura que la supuesta «industria del juicio» es un mito utilizado para imponer un negocio que solo beneficiará a un puñado de administradores de fondos y bancos. En consecuencia, la implementación del FAL aparece menos como una solución a la conflictividad laboral y más como una herramienta de disciplinamiento y transferencia de recursos hacia el sector financiero.
