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Salta: El ex juez Lona se negó a declarar por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 79 personas

El ex magistrado prefirió guardar silencio al momento de ejercer su defensa frente a la imputación en 29 causas donde se investiga su actuación durante la época del terrorismo de Estado.


Durante una audiencia remota coordinada por la Oficina Judicial de Salta, el ex juez federal Ricardo Lona escuchó hoy la acusación que pesa en su contra y se negó a prestar declaración indagatoria en la denominada causa 627, a través de la cual es investigado por una decena de delitos de lesa humanidad que tuvieron como víctimas a 79 personas en 29 expedientes.

Bajo la dirección del juez Federal de Jujuy N°1, Esteban Eduardo Hansen, quien actuó como juez subrogante en el expediente seguido por el Juzgado Federal Nº1 de Salta, la audiencia se inició con la identificación del imputado. Luego, el magistrado, a partir de distintos dictámenes que conforman la acusación dirigida por el fiscal general Carlos Amad, inició la declaración indagatoria.

El juez Hansen enumeró los delitos imputados a Lona en 29 causas en las que se lo investiga por hechos cometidos antes y durante la última dictadura.

Al momento de responder por los hechos, Lona se abstuvo de declarar, aunque hizo una referencia general respecto a la causa en cuestión y solicitó que se remitan copias de las acusaciones a sus abogados defensores.

En cuanto a la imputación, el fiscal Amad explicó que Lona se lo considera responsable, entre otros delitos, de homicidio agravado en perjuicio de más de 20 víctimas y de tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de más de 70 personas. También se encuentra imputado de lesiones, allanamiento ilegal, violaciones, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes, omitir y retardar o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de la misma.

Todos estos hechos, explicó el fiscal, revisten una notoria gravedad no sólo por el daño sufrido por las víctimas, sino también por la violación sistemática de garantías constitucionales que afectaron el estado de derecho antes y durante la dictadura.

Tras el ejercicio de la defensa de Lona, la causa seguirá su curso con distintas medidas, tanto las dispuestas por el juzgado, como las propuestas por la defensa y la fiscalía.

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