Crímenes de lesa humanidad: el Ministerio Público Fiscal demanda penas de 20 años para exgendarmes
En una audiencia clave ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, la fiscal federal Josefina Minatta solicitó una condena de 20 años de prisión para los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) fundamentó la severidad del pedido al afirmar que «una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país».
Responsabilidades jerárquicas y el plan sistemático
Los imputados, quienes se desempeñaban en el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional, enfrentan cargos por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos contra militantes del Partido Comunista. Durante su alegato, Minatta subrayó la necesidad de que las sanciones sean de cumplimiento efectivo en cárcel común, remarcando que «los crímenes deben ser considerados de lesa humanidad y las penas de cumplimiento inmediato». Caserotto ejercía como jefe de Inteligencia, mientras que Gómez del Junco lideraba el área de Logística y Finanzas, roles que los sitúan en el centro de la operatividad represiva regional.
«La noche del cumpleaños» y la violencia sobre las infancias
Uno de los ejes del juicio es el operativo del 14 de mayo de 1977, donde fuerzas conjuntas irrumpieron en un festejo familiar para secuestrar a una decena de militantes. La fiscalía puso especial énfasis en la vulneración de derechos de los niños presentes, señalando que «las prácticas represivas perpetradas sobre las infancias fueron igualmente aterrorizantes y les afectaron con igual intensidad». En aquel procedimiento, dos niños de 4 y 7 años fueron mantenidos cautivos en su hogar durante diez días bajo amenazas de muerte.
Torturas en centros clandestinos y el uso de la picana
El debate también abordó un segundo hecho ocurrido en 1978 en el balneario Banco Pelay, donde las víctimas fueron sometidas a tormentos físicos extremos. Según el relato fiscal, uno de los sobrevivientes logró identificar directamente a uno de los acusados durante las sesiones de tortura, precisando que «Stur pudo ver a Gómez del Junco con la picana en la mano, aplicándoles esa modalidad». Estas prácticas incluyeron el uso de alambres en el cuello y la técnica conocida como «la palomita», evidenciando el ensañamiento contra los perseguidos políticos.
Implicancias sociales y la recuperación de la memoria territorial
Más allá de las condenas individuales, la fiscalía solicitó medidas de reparación simbólica y territorial, como la señalización de unidades militares y policiales como Sitios de la Memoria. Minatta recordó que en la región «los integrantes del PC local fueron brutalmente perseguidos, cesanteados, encarcelados y severamente torturados», mencionando a numerosos militantes que aún permanecen desaparecidos. Esta dimensión del alegato busca que el sistema judicial no solo sancione a los culpables, sino que también intervenga en la construcción de la verdad histórica en la provincia de Entre Ríos.
El valor probatorio de los sobrevivientes
En el tramo final de su exposición, la fiscal rescató el papel fundamental de los testigos que, tras décadas de silencio o procesos judiciales fragmentados, han logrado reconstruir el horror. Minatta destacó que estos testimonios tienen un valor privilegiado dado que «son los que estuvieron dentro del terror y han sobrevivido para contarlo». La prueba documental, incluyendo libros de entrada de presos de la Unidad Penal N°4, terminó de cerrar el círculo probatorio sobre la intervención directa de la Gendarmería en la represión ilegal.
