Representantes de asociaciones de inquilinos, martilleros, inmobiliarias y propietarios participaron de otra jornada de debate en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
Este martes se realizó una nueva ronda de consultas en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para buscar consensos que permitan tratar la reforma de la Ley de alquileres, vigente desde 2020.
En esta nueva jornada, las diferencias afloraron entre los distintos miembros de los grupos de inquilinos, que piden mantener la actual norma, y los grupos que representan al mercado inmobiliario, entre los que se encuentran martilleros, corredores inmobiliarios y propietarios, quienes piden cambiar la extensión de los contratos (que pase de 3 años a 2) y la actualización anual de los mismos.
Durante la reunión de la comisión -que conduce la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau- expusieron 30 invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país junto a martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor. Por su parte, este miércoles tendrá lugar la última reunión informativa con otros sectores del mercado inmobiliario.
“Si mañana (por el miércoles) la evaluación de los diputados es que hagamos otra reunión más, lo vamos a charlar y estableceremos una fecha, sino la semana que viene nos abocaremos a la discusión de un dictamen”, afirmó Moreau al abrir el debate.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
El primero en exponer fue Federico Priori, de Inquilinos Agrupados de Neuquén, quien sostuvo que “el que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado” y planteó que “acá se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen”, a la vez que se pronunció a favor de “defender el ajuste anual y los contratos de 3 años”.
Por su parte, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, que debe tener respuestas por parte del Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado” y destacó la importancia de buscar “una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios y una política para incrementar la oferta”.
