El proceso de justicia por los crímenes de la última dictadura cívico-militar en el norte argentino suma un nuevo capítulo fundamental. El pasado 10 de abril, el Juzgado Federal N°1 de Tucumán dispuso la elevación a juicio oral de la causa que investiga la sustracción y sustitución de identidad de Marcos Eduardo Ramos, identificado como el nieto restituido N°128, y el secuestro de su hermano mayor, Elías Ismael Suleiman.
La resolución judicial pone el foco en la estructura de inteligencia del Ejército en la provincia. El único imputado en esta instancia es Carlos Alberto Vega, ex capitán del Destacamento de Inteligencia N°142, quien enfrentará cargos como «partícipe necesario de la sustracción y sustitución de identidad de Ramos» y por el secuestro de Suleiman. La investigación, que contó con el trabajo coordinado de diversas unidades fiscales y la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán, desentraña cómo los cuadros de inteligencia operaron en la entrega de menores.
La responsabilidad del Destacamento de Inteligencia 142
El rol de Vega no fue tangencial en el esquema represivo tucumano. Según el requerimiento de elevación a juicio, el ex militar tenía responsabilidades directas en actividades de inteligencia y contrainteligencia, además de estar vinculado al funcionamiento del centro clandestino de detención que operó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”.
La acusación sostiene que la entrega de Marcos Eduardo Ramos a Víctor Lucio Sánchez, un agente civil de inteligencia apodado “Pecho i Tabla”, fue posible gracias al «aval ideológico y moral» proporcionado por Vega. Este dato es crucial para comprender la dimensión institucional del robo de bebés: no fueron actos aislados de «apropiadores particulares», sino una política amparada por la jerarquía militar del destacamento local.
Un operativo de terror: La separación de los hermanos Ramos
Los hechos se remontan a diciembre de 1976 en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán. En aquel operativo, personal militar secuestró a Marcos, de apenas cinco meses, y a su hermano Elías, de 8 años. La madre de ambos, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, ya había sido secuestrada días antes y permanece desaparecida; indicios judiciales sugieren que pasó por el Arsenal «Miguel de Azcuénaga».
El destino de los niños tras el secuestro refleja la crueldad del sistema: fueron trasladados a una vivienda en Tafí Viejo donde había otros menores, lugar donde fueron separados definitivamente. Elías Suleiman fue llevado a una casa particular donde sufrió malos tratos y un intento de supresión de identidad, pero logró escapar y caminar más de 20 cuadras hasta reencontrarse con un familiar en la terminal de ómnibus. En 1999, fue él quien inició el camino de búsqueda ante la CONADI.
Consecuencias de una identidad robada
Mientras Elías recuperaba su historia, Marcos Ramos vivió décadas bajo una identidad falsa. Fue inscripto como hijo biológico del agente Sánchez y su esposa con el nombre de “Marcelo Ariel Sánchez”, con una fecha de nacimiento apócrifa. La fiscalía resalta que el contexto de violencia y vulneraciones que atravesó durante su apropiación dejó secuelas permanentes: hoy presenta una “discapacidad intelectual moderada con limitaciones significativas para su vida personal y social diarias”.
La restitución de su identidad real ocurrió recién en 2018, convirtiéndose en el segundo caso de este tipo en la provincia de Tucumán. El juicio oral que se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán no solo buscará la condena de Vega, sino que también pondrá en evidencia cómo el operativo contra la familia Ramos incluyó el secuestro de otras personas, como Hugo Demetrio Castro, cuyos restos fueron identificados años después en la fosa clandestina conocida como «Pozo de Vargas».
