La causa cayó en el juzgado federal 12 a cargo de Sebastián Casanello. La fiscalía ya pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.
La titular del INADI, Victoria Donda, fue imputada por “administración fraudulenta y malversación de fondos públicos”, luego de que su empleada doméstica denunciara que la funcionaria le ofreció un cargo en el organismo ante el reclamo de una indemnización y aportes jubilatorios.
La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica de la titular del INADI y la causa le tocó al juez Sebastián Casanello, que subroga el Juzgado Federal 12. El juez delegó la causa al fiscal Guillermo Marijuán, quien se encuentra de licencia y en su reemplazo actúa Eduardo Taiano, que impulsó el caso e imputó a la funcionaria. La fiscalía ya pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.
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— 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) January 4, 2021
Cuando se conoció la denuncia Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a la mujer, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”, replicó la funcionaria.
El impulso de la investigación se dio a través de un dictamen que difundió Infobae donde se explica que la denuncia realizada por Zarabozo señala que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. En la denuncia se sostiene que la titular del INADI registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007.
La fiscalía de Marijuán citó al abogado Zarabozo para que ratifique la denuncia el próximo martes y que lleve toda la documentación que tiene en su poder sobre el caso. Además se le solicitó al área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que envíe toda la documentación que posea el organismo sobre Banda Oxa. La investigación comenzó. Será la fiscalía de Marijuán la que determine si la funcionaria pública debe ser indagada por los delitos por los que se la investiga.
