Esta semana, una masacre en una prisión en el norte del país dejó 58 muertos, entre ellos, 16 fueron decapitados.
Una disputa entre facciones rivales. 58 muertes. 16 reos decapitados y 42 asfixiados. Lo que en muchos lugares sería un hecho insólito, en Brasil es un episodio más de violencia y falta de seguridad en las cárceles, controladas en su mayoría por bandas criminales enfrentadas por el control del narcotráfico.
El lunes pasado, una nueva masacre desencadenada por un enfrentamiento entre los denominados Comando Clase A y Comando Vermelho (uno de los principales grupos criminales del país) ocupó las portadas de periódicos nacionales e internacionales.
Los vídeos de la rebelión dentro de una prisión en Altamira, en el estado norteño de Pará, enseguida comenzaron a circular por las redes. Con sus celulares en mano, familiares de los reos observaban escalofriantes imágenes de una violencia extrema —algunas mostraban supuestamente cabezas de los degollados—, mientras se congregaban en la entrada del centro en busca de información.
Como en gran parte de las prisiones de Brasil, la vida entre rejas es asfixiante y las desigualdades son amplias. Los reos que son, por ejemplo, acusados por corrupción, no se someten a las mismas condiciones que aquellos que no pueden ni siquiera contratar a un abogado. El centro de Altamira, donde ya en septiembre de 2018 murieron siete personas, es uno de los muchos presidios donde los privados de libertad sufren hacinamiento. Con un capacidad para 163 prisioneros, hay 342 reclusos y solo 33 agentes para vigilarlos.
La masacre del lunes —que sucede a otra ocurrida en mayo, en la que 55 presos fallecieron en dos días de conflictos en varias cárceles del estado de Amazonas— fue la mayor de los últimos 27 años. En 1992, la prisión de Carandiru, en Sao Paulo, se convirtió en una de las más famosas del mundo tras la muerte de 111 reos durante una rebelión. Pero el historial de sucesos violentos en las penitenciarias del país es largo, y ha golpeado al menos a 24 de los 26 estados de Brasil.
“Un modelo fallido”
Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con más de 812.000 presos, según datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Algunas de las prisiones del gigante latinoamericano son consideradas las más violentas a escala mundial. El hacinamiento y las condiciones insalubres en las que viven los presos son causas de violencia, pero también los enfrentamientos entre facciones.
“Si las cárceles están fuera de control significa que el Estado no consigue estar presente, relegando la organización de la vida y la muerte en estos ambientes a organizaciones criminales, la mayoría de las cuales actúan como empresas”, asegura Apolinário.
Entre los reos que desbordan las cárceles, 41,5 % se encuentra encerrado sin sentencia a la espera de juicio. Mientras aguardan, son colocados junto a condenados, en muchos casos extremadamente violentos, lo que, recuerda Human Right Watch (HRW), viola lo dispuesto por las normas internacionales y la legislación brasileña. En un intento de supervivencia, y ante la ausencia de abogados, jueces o fiscales que les visiten con regularidad para supervisar sus condiciones, algunos presos se unen a bandas criminales en busca de protección.
“Las bandas actúan como jueces, jurados y verdugos. Las instalaciones mismas a menudo se dividen entre facciones rivales. Efectivamente, el gobierno ha cedido el control a las bandas del narcotráfico que reclutan a sus miembros en prisión y organizan su negocio de tráfico y crimen organizado desde el interior”, explica a RT Robert Muggah, cofundador y especialista del instituto brasileño Igarapé, que estudia la seguridad pública, la justicia y el desarrollo.
Según él, una serie de investigaciones demuestran que la tortura y la violencia sexual están a la orden del día en las cárceles y, en la actualidad, los presos tienen 30% más de probabilidades de contraer tuberculosis, y casi 10 veces más de infectarse con el virus del VIH que la población general.
“Pregunta a las víctimas de los que murieron allá qué es lo que piensan. Cuando respondan, yo te respondo”, contestó irónico a un periodista, y esquivando el tema, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando fue cuestionado por la rebelión del lunes.
El ultraderechista ganó las elecciones de 2018 prometiendo mano dura contra el crimen organizado, ante una población que exigía medidas ante los altos índices de violencia [más de 65.000 homicidios en 2017]. “Vamos a abarrotar las cárceles de bandidos”, dijo en una entrevista, en la que añadió que prefería “una cárcel repleta de criminales a un cementerio lleno de inocentes”.
El ‘paquete anticrimen’, propuesto por su ministro de Justicia, Sergio Moro, con el que pretende combatir el crimen organizado a través de condenas más duras, privación de libertad provisional y la restricción del derecho a la reducción de pena, todavía no ha sido votado en el Congreso.
“El gobierno actual planea insistir en el error presentando proyectos que llevarán a más personas a la cárcel, mientras desmantela el sistema nacional de erradicación de la tortura, un compromiso internacional hecho por el país”, sentencia el abogado de Conectas Derechos Humanos.
En junio, el Gobierno brasileño destituyó a los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate contra la Tortura (MNPCT), encargado de investigar y monitorear las condiciones de detención en centros de privación de libertad, y los reemplazó por participantes no remunerados. Un hecho denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte sobre la necesidad que tienen los reos de ser supervisados, teniendo en cuenta “la especial situación de riesgo que enfrentan”.
“La superpoblación fortalece al crimen”
Los especialistas concuerdan en que no existe una solución para el sistema penitenciario que no pase por una disminución de las tasas de encarcelamiento. “El problema de la crisis carcelaria no se soluciona construyendo más centros [según datos de Igarapé, desde 2018 se construyeron cerca de 9.000 plazas en prisiones, mientras que el número de reclusos aumentó en más de 17.800 en el el mismo período] y separando a sus líderes”, sostiene Muggah. “La superpoblación en las cárceles no solo es costosa e ineficaz, sino que también fortalece al crimen organizado”, agrega.
El gobierno, en lugar “de imponer leyes draconianas”, lo que necesita es cumplir la legislación vigente, que incluye garantizar a los sospechosos audiencias dentro de las 24 horas posteriores a su arresto, así como ampliar la deficitaria red de defensores públicos, advierte.
Ambos expertos abogan por condenas alternativas y la despenalización de la droga para vencer el narcotráfico. “No existe una solución sostenible que no implique una legalización gradual de este mercado, eliminando la financiación absurda de estos grupos y atrayéndolos a un mercado regulado. Los recursos estatales pueden revertirse en políticas sociales que beneficien a las poblaciones históricamente marginadas y oprimidas por la llamada ‘guerra contra las drogas'”, sostiene Apolinário.
A largo plazo —manifiesta Muggah— la despenalización de las drogas, la aplicación de sentencias proporcionales y la inversión en rehabilitación para delincuentes serán la única forma de salir de este desafío. Pero antes de que todo esto pueda llegar a ocurrir, “desafortunadamente, la mayoría de los brasileños ignorarán este último brote de violencia, anestesiados como están ante el ritual de derramamiento de sangre en las cárceles del país”, concluye.
Marta Miera
Fuente: RT Actualidad
