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¿Cuántos son los muertos y desaparecidos?: «datos del horror» que siguen ocultos en México

Familias rastrean a sus desaparecidos en un país con un abismo en las cifras certeras de víctimas.


La mirada de ambas brilla en medio del dolor de no saber y no encontrar. Irma busca a su hijo Roy desde hace ocho años. María Teresa intenta ubicar a su hermano, desaparecido en el año 2015.

Las dos tuvieron que aprender sobre procuración de justicia, a abrir brechas, a escarbar tierra ante un Estado mexicano que, hasta ahora, ha resultado ineficiente e incapaz para devolverles a miles de familias a los hijos, hermanos, nietos que no volvieron.

Hallar a los desaparecidos es uno de los objetivos del actual Gobierno mexicano. «No solo son cifras, son datos del horror que tienen tras de sí una narrativa de dolor. Nosotros queremos tener un registro histórico de las fosas clandestinas en el país», expresa Karla Quintana Osuna, titular desde hace 4 meses de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, integrada por 40 personas.

Miles de personas en toda la nación latinoamericana han tenido que salir a buscar a sus desaparecidos, con la esperanza de hallarlos con vida o muertos en las incalculables fosas clandestinas desperdigadas por todo el país.

«He hecho todo, hasta lo imposible, por encontrar a Roy y tampoco tengo una respuesta favorable de las autoridades, he hecho todo en las instancias municipales, estatales y federales sin resultados», dice Irma Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), una organización que agrupa a  familiares de la entidad situada al norte de México.

Entre los años 2006-2017, el registro oficial en México es de 40.000 desaparecidos, sin embargo, ante la falta de protocolos, un alto índice de impunidad, una deficiente procuración de justicia e investigaciones forenses defectuosas, no hay certeza sobre la cifra.

«Las fosas clandestinas están allí para ser encontradas, vemos que la práctica de la inhumación clandestina persiste y acumula casos de forma alarmante sin que hasta ahora se sepa la magnitud real», refiere Denise González, del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero)  y una de las coordinadoras del informe ‘Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017’.

El documento, presentado esta semana en Ciudad de México, evidencia que la falta de información solo ha llevado a las distintas autoridades y dependencias a generar datos incongruentes.

Fue una de esas inconsistencias la que le dio una falsa esperanza a Irma. Hace un año, la Comisión de Atención a Víctimas le llamó para decirle que habían identificado a Roy, secuestrado en 2011 por un grupo armado que portaba vestimenta de la Policía municipal de Escobedo, en el estado de Nuevo León (norte).

«Me dijeron que estaba en Coahuila (norte de México), buscaron el cuerpo, tardaron en encontrarlo por los datos deficientes y un perito me dijo que no correspondía con Roy. Le pedí que hicieran los estudios de ADN y la Fiscalía del estado me pide esperar hasta encontrar el cuerpo porque lo único que saben es que está en una fosa», cuenta la mujer.

Entre los años 2000 y 2015, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) afirma haber identificado tan solo a 6 % de los cuerpos exhumados.

Identidad enterrada

En México, la cifra real de fosas clandestinas también permanece bajo tierra, probablemente como las miles de personas que no han vuelto a casa y las centenares de víctimas a las que se le ha negado una identidad.

Informes de prensa, rastreados por el PDH Ibero junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDHPH) para la realización del informe, cifran en 618 las fosas clandestinas en 23 estados del país, mientras que las procuradurías y fiscalías estatales reportaron 1.606 fosas en 24 entidades, de 32 que tiene México, lo que representa una diferencia de 38 %. «Son solo una fracción de un universo más grande que no se ha documentado en su totalidad», expone Jorge Ruiz Reyes, quien coordinó la investigación en la que también trabajaron estudiantes, voluntarios y becarios.

El documento tiene como antecedente un análisis de junio de 2017, que pretendía hacer un primer acercamiento a la magnitud del fenómeno de la inhumación clandestina, con énfasis en análisis de notas de prensa y registros oficiales para el periodo 2009-2014.

«No pensamos que el fenómeno iba a ser tan grande y tan continuo, y evidencia el contexto de violencia e impunidad sin precedentes en que nos encontramos en México. Estas víctimas tiene  nombre, familia y es necesario identificarlas, saber la verdad de lo que les pasó», apunta Lucía Chávez, directora de investigación en la CMDHPH.

Entre los años 2009 y 2016, la prensa reportó un total de 618 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados 1.829 cuerpos y 45.081 restos humanos en 23 entidades del país.

Entretanto, en el periodo 2006 y 2017, las procuradurías y fiscalías estatales reportaron 1.606 fosas, de las que fueron exhumados 2.489 cuerpos y 584 restos de 24 entidades del país, se lee en el análisis.

«No estamos detallando cuántas fosas clandestinas hay en el país, sino el registro que hay de ellas con base en documentación», explica Ruiz Reyes.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) hizo recientemente el hallazgo de al menos 149.000 restos humanos en un terreno donde la Procuraduría del estado decía que ya no había más. En los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, las fosas con fragmentos humanos no son consideradas como clandestinas, al no tratarse de cuerpos enteros.

«Somos las familias las que los estamos encontrando, no son las autoridades, esos 149.000 restos humanos nadie los hubiera regresado a la luz si no somos nosotros», asegura Irma.

La nueva familia que María Teresa ha integrado con buscadores y buscadoras como ella, en las localidades de Guaymas y Empalme, Sonora, halló el pasado 5 de junio una fosa con seis cuerpos calcinados, «estaban tan dañados que probablemente no se les pueda sacar ni el ADN», sostiene.

Entre los años 2000 y 2015, la FGR afirma haber abierto 81 investigaciones o averiguaciones previas, y consignado a 106 personas.

Fernando Valadez Kinijara, pescador y soldador, desapareció el 11 de agosto de 2015 en Guaymas, Sonora, momentos antes de acudir al banco a cobrar un cheque para comprar equipo de pesca. «Fue ‘levantado’ (secuestrado) por personas que ahora están detenidas, al medio día en la calle principal de Guaymas, hasta la fecha no hemos sabido nada de él. La persona que lo hizo fue detenida por otros delitos, no por la privación ilegal de mi hermano», narra María Teresa.

Buscando tesoros

Hoy, Roy tendría 27 años, estaría graduado de la universidad y tal vez casado, dice su madre. «Muchos de sus compañeros ya se están casando y a Roy todavía no lo encuentro.»

—¿Qué le diría hoy a Roy?

—Que lo estoy esperando, que aguante, que resista, porque lo voy a encontrar. Yo lo voy a encontrar, los vamos a encontrar a todos.

María Teresa Valadez Kinijara es menos optimista. «Yo sé que mi hermano está muerto porque me hicieron llegar fotos y videos, por eso decidimos aprender a localizar fosas clandestinas y a trabajar en campo», cuenta la mujer que dejó su empleo, amistades y vida social para entregarse a la búsqueda de desaparecidos.

«No podemos estar ya en casa, tenemos la necesidad de buscar, en el monte, en el mar. Sentimos un alivio cuando encontramos un cuerpo enterrado, que nosotros llamamos ‘tesoros’ y se los regresamos a sus familias».

—¿Por qué tesoros?

—Porque para nosotros es algo que se nos ha perdido, es algo de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, cuando las personas salen a buscar tesoros los salen a buscar con muchas ganas y nosotros lo hacemos por esa necesidad de regresarlos (a los desaparecidos), sea como sea.


Fuente: RT Actualidad

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