El Gobierno extiende el alivio fiscal para importación de productos básicos y PyMEs
A través de la Resolución General 5868/2026, firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andres Edgardo Vazquez, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la prórroga de los beneficios fiscales para la importación definitiva de mercaderías de primera necesidad e insumos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de las excepciones a los regímenes de percepción del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Originalmente, este esquema de «alivio» administrativo y financiero tenía como fecha de caducidad el próximo 30 de junio.
Una herramienta para el control indirecto de precios
La normativa vigente modifica la Resolución General 5.490 y sus actualizaciones previas, las cuales excluyeron de las percepciones impositivas —que suelen encarecer el costo financiero de la nacionalización de mercadería— a productos que impactan directamente en el índice de precios al consumidor. El organismo recaudador justifica la decisión como una «continuidad de la política económica dispuesta por la Administración Nacional», reconociendo implícitamente que la oferta importada sigue siendo un ancla necesaria para moderar las expectativas inflacionarias en las góndolas.
Además de los bienes de consumo masivo, la medida protege a las empresas que poseen el “Certificado MiPyME” vigente, permitiéndoles ingresar insumos productivos sin el peso de los adelantos impositivos de las Resoluciones Generales 2.281 y 2.937. Esta decisión intenta mitigar el impacto del incremento de costos logísticos y productivos en el sector que genera la mayor cantidad de empleo en el país.
Implicancias institucionales y territoriales
Desde una perspectiva analítica, la prórroga evidencia que la administración nacional no encuentra aún condiciones de mercado que permitan retirar los estímulos fiscales a la importación sin arriesgar un rebote de precios. El texto oficial es parco en detalles técnicos sobre el impacto fiscal de la medida, pero subraya que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 953/2024 y el marco legal de los impuestos a las Ganancias e IVA.
Territorialmente, el beneficio favorece a los grandes centros de consumo donde la canasta básica tiene mayor peso, pero también a los polos industriales MiPyME de las provincias, que dependen de componentes importados para mantener su operatividad. La falta de una fecha de salida definitiva para este régimen «excepcional» sugiere que la normalización tributaria del comercio exterior sigue supeditada al éxito de las metas antiinflacionarias del Palacio de Hacienda.
