La justicia de Brasil ha ratificado recientemente condenas contra Volkswagen do Brasil vinculadas a graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1964-1985). Los fallos judiciales y las investigaciones civiles documentan un esquema de colaboración estrecha entre la empresa y los órganos de represión estatal, además de la explotación de mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud en el norte del país.
Complicidad con la dictadura y persecución sindical
De acuerdo con el informe histórico encomendado por la propia empresa al experto independiente Christopher Kopper, la dirección de Volkswagen do Brasil exhibió una «lealtad sin reservas» hacia el gobierno militar. El departamento de seguridad industrial de la firma, encabezado por oficiales de las Fuerzas Armadas como el coronel Ademar Rudge, colaboró activamente con la policía política (DEOPS).
Esta cooperación facilitó la detención y tortura de al menos siete empleados dentro de las propias instalaciones de la planta de São Bernardo do Campo. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Lúcio Bellentani, trabajador y militante del Partido Comunista, quien relató haber sido arrestado a punta de ametralladora en su puesto de trabajo y torturado en las oficinas de seguridad de la fábrica antes de ser trasladado a centros de detención clandestinos.
En septiembre de 2020, la empresa firmó un Acuerdo de Ajuste de Conducta (TAC) con el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Trabajo, comprometiéndose a pagar 36 millones de reales (aproximadamente 6,4 millones de dólares) en concepto de indemnizaciones y donaciones para proyectos de memoria y verdad. No obstante, sectores de víctimas critican que el acuerdo no reconoce responsabilidad jurídica directa de las autoridades de la empresa.
Esclavitud moderna en la Amazonía
Paralelamente, la justicia del estado de Pará condenó a la automotriz por ejercer trabajo esclavo en la Hacienda Vale do Rio Cristalino, un predio de 140.000 hectáreas destinado a la cría de ganado entre 1974 y 1986. Según publica el sitio Agência Brasil, la indemnización por daños morales colectivos se fijó en 165 millones de reales.
Las investigaciones determinaron que cientos de trabajadores fueron atraídos con falsas promesas para luego ser sometidos a:
- Vigilancia armada y restricciones de libertad.
- Endeudamiento forzoso por alimentos y alojamiento precario.
- Falta de asistencia médica y condiciones de vida degradantes.
El juez Otavio Bruno da Silva Ferreira argumentó que la empresa participó activamente en la conducción estratégica de la hacienda y se benefició directamente de la explotación ilícita, contando incluso con incentivos fiscales del gobierno para impulsar el negocio.
El antecedente nazi y el fraude ambiental
La historia de Volkswagen do Brasil también está marcada por la contratación de Franz Stangl, ex comandante de los campos de exterminio nazis de Sobibor y Treblinka. Stangl trabajó en la planta brasileña desde 1959 hasta su captura en 1967 bajo su nombre real. Aunque la empresa alega que desconocía su pasado al contratarlo como mecánico de mantenimiento, el caso ha sido citado por la Comisión Nacional de la Verdad como un ejemplo de la cultura de omisión sobre antecedentes criminales en la firma.
En el plano contemporáneo, la automotriz enfrenta las consecuencias del escándalo Dieselgate. Según informa el medio argentino TN, la justicia brasileña condenó a la filial a pagar casi 350 millones de dólares para indemnizar a propietarios de camionetas Amarok fabricadas en Argentina que poseían un software diseñado para falsear los controles de emisiones contaminantes. El Ministerio Público Federal de Brasil ha solicitado elevar estas multas debido a la «perversidad tecnológica» aplicada para burlar las normativas ambientales.
