En una jornada de alta tensión política y social, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves las modificaciones al régimen de desalojos, integradas en la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con una votación ajustada de 36 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el oficialismo logró imponer el capítulo que redefine los tiempos y mecanismos judiciales para la recuperación de inmuebles. Según informó el portal C5N, la reforma se da en un marco de crisis habitacional y recesión, lo que agrava el debate sobre el impacto social de la medida.
Hacia un proceso judicial acelerado
La piedra angular de esta reforma es la implementación del proceso sumarísimo, la vía más rápida del sistema jurídico argentino. Con este cambio, el Gobierno busca que los juicios de desalojo, que actualmente demoran entre 18 y 24 meses, logren resolverse en un plazo aproximado de seis meses. El oficialismo argumenta que esto fortalece la protección del derecho a la propiedad, mientras que la oposición advierte que la celeridad podría pasar por alto garantías básicas de defensa para quienes alquilan.
Dentro de las nuevas herramientas, destaca la restitución anticipada del inmueble, que permite a un juez ordenar la entrega de la propiedad incluso antes de que exista una sentencia definitiva. Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados, criticó duramente esta disposición en declaraciones a La Mañana por C5N, señalando que «un dueño puede ir a la justicia y declarar que no hay contrato o que no se pagó, y el juez, en 72 horas, debería desalojar».
La vulnerabilidad en el centro del debate
La normativa contempla ciertos resguardos, como la intervención obligatoria de organismos de protección y del Ministerio Público Tutelar en casos donde residan menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados. No obstante, la reducción de las pruebas admitidas únicamente a documentos y peritajes genera dudas sobre la capacidad de respuesta de los inquilinos ante reclamos infundados.
Sobre este punto, Muñoz alertó sobre la informalidad imperante en el mercado inmobiliario, donde muchos pagos se realizan sin la debida documentación. El dirigente explicó que «uno puede haber pagado, pero si no tiene un comprobante, el dueño puede decir ‘no me pagó’ y listo: a la calle». Asimismo, advirtió que la rigidez de los nuevos plazos no contempla excepciones temporales, afirmando que los jueces «tienen la obligación de ejecutar el desalojo en 72 horas, sin importar si es feriado o fin de semana».
Implicancias territoriales y uso de la fuerza
Otro aspecto relevante es la habilitación del domicilio electrónico como canal válido para notificaciones e intimaciones, lo que busca agilizar la comunicación legal pero requiere una alfabetización digital que no siempre está presente en todos los sectores. Además, la ley establece que las órdenes de lanzamiento incluirán de forma explícita la facultad de utilizar la fuerza pública, realizar allanamientos y cambiar cerraduras de manera inmediata.
La aprobación de estos cambios se dio en paralelo a incidentes en las inmediaciones del Congreso, que incluyeron detenciones y denuncias de represión policial, lo que refleja la fractura social que este tipo de reformas profundiza en un contexto de crisis económica persistente.
