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Blanca Osuna: «Hay un tendal de familias que se quedan sin trabajo mientras Frigerio mira para otro lado»

Blanca Osuna advierte sobre el impacto del cierre de fábricas en Entre Ríos y el avance de leyes que afectan la propiedad.

En una entrevista concedida a Somos Radio AM 530, la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna (Unión por la Patria), trazó un crudo diagnóstico sobre la realidad socioeconómica de su provincia y el impacto de las reformas legales que impulsa el Ejecutivo Nacional. Para la legisladora, la «adecuación de las posibilidades de desarrollo de producción y trabajo» se encuentra hoy bajo asedio por políticas que favorecen la concentración económica en detrimento de las economías regionales.

El impacto de la desindustrialización regional

La crisis del sector productivo en Entre Ríos se manifiesta con particular crudeza en el cierre de plantas emblemáticas, como el frigorífico Tres Arroyos, que ha dejado a cerca de 1.000 personas sin empleo. Ante este escenario, Osuna cuestionó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, señalando que el mandatario provincial está «haciendo la vista gorda frente a ese tendal de dolor que implica quedarse sin trabajo para miles y miles de familias». Esta pérdida de ingresos no solo afecta a los trabajadores directos, sino que desarticula el tejido social de ciudades medianas y pequeñas donde el consumo interno se evapora ante la falta de recursos.

Reformas legales y especulación inmobiliaria

Uno de los puntos de mayor tensión en la agenda legislativa actual es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, una normativa que busca prevenir el cambio de uso de suelo tras incendios forestales. La diputada advirtió que la intención oficial es eliminar la prohibición de 30 años para realizar desarrollos inmobiliarios en tierras quemadas, las cuales calificó como «zonas preciadas en términos inmobiliarios» que suelen destinarse a barrios privados de alto valor económico. Esta reforma, según su análisis, subordinaría el interés ambiental y productivo a la rentabilidad de corto plazo de sectores desarrolladores.

El riesgo de los «desalojos exprés» y la soberanía jurídica

La preocupación de la oposición también se centra en el capítulo de la denominada ley de «inviolabilidad de la propiedad privada», que introduce mecanismos para acelerar la expulsión de ocupantes. Osuna alertó sobre la peligrosidad de «igualar a los inquilinos en mora con un intruso», lo que facilitaría desalojos sin las garantías procesales adecuadas para familias que atraviesan dificultades económicas. A esto se suma el concepto de «expropiación inversa», una herramienta que permitiría a empresas demandar resarcimientos ante tribunales internacionales, condicionando la capacidad de regulación del Estado.

Resistencia y movilización ciudadana

Pese a la gravedad del panorama, la legisladora destacó que la presión social ha logrado frenar capítulos sensibles, como las modificaciones a la Ley de Tierras. Al reafirmar que «luchar vale la pena», Osuna convocó a la movilización ciudadana como el único freno posible ante un modelo que, a su juicio, busca «arrasar con absolutamente todo» lo construido en materia de derechos laborales y territoriales. La tensión política se traslada ahora a las calles y al recinto, donde se definirán los límites de la propiedad y la protección social en Argentina.

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