El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dictó la sanción máxima para una entidad de la economía social: el retiro definitivo de la autorización para funcionar. A través de las Resoluciones 564/2026 y 565/2026, el organismo nacional clausuró administrativamente a cientos de cooperativas y mutuales que se encontraban suspendidas desde el año pasado.
La medida no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de fiscalización que el Gobierno endureció mediante la Resolución 3208/2024. Aquella norma había dispuesto la instrucción de sumarios y la suspensión de entidades que no presentaron estados contables ni documentación de asambleas entre febrero de 2017 y septiembre de 2024.
Un golpe al territorio y la historia local
El impacto de esta resolución tiene un fuerte componente federal. Entre las mutuales dadas de baja figuran asociaciones de trabajadores gráficos, remiseros y municipales, además de las históricas Sociedades Cosmopolitas de Socorros Mutuos, consideradas piezas fundamentales del tejido social en los pueblos del interior.
En Entre Ríos, la disposición afecta directamente a la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos (Matrícula N.º 30), una entidad que forma parte de la memoria institucional de la provincia. La pérdida de estas matrículas implica, en la práctica, la disolución legal de organizaciones que, en muchos casos, son las únicas prestadoras de servicios de salud, sepelio o crédito en sus comunidades.
El argumento oficial: falta de transparencia
El Directorio del INAES, encabezado por Marcelo Collomb, fundamentó el retiro de las licencias en el “incumplimiento en la presentación de documentación asamblearia y estados contables”.
Según el organismo, tras las notificaciones electrónicas y por edictos, las entidades sumariadas no demostraron interés en regularizar su situación conforme a las normas vigentes del sector cooperativo y mutual.
Sin embargo, la resolución deja una pequeña ventana administrativa abierta: 32 cooperativas y 14 mutuales lograron evitar la sanción máxima al remitir documentación durante la instrucción del sumario.
Para el resto de las entidades, el organismo ya dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para iniciar el proceso de determinación de remanentes patrimoniales.
¿Orden administrativo o desmantelamiento?
Si bien la transparencia documental es una obligación legal, la masividad de la medida plantea interrogantes sobre el futuro de la economía social en Argentina.
La cancelación de matrículas a entidades que operan en zonas donde el mercado o el Estado no llegan podría generar un vacío en la asistencia social que difícilmente sea cubierto por otros actores.
Las entidades afectadas cuentan ahora con plazos breves —entre 5 y 30 días hábiles— para interponer recursos de reconsideración o apelaciones judiciales, aunque el camino administrativo parece prácticamente sellado.
