En declaraciones brindadas durante el programa La García, emitido por Somos Radio AM 530, la diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) sostuvo que la soberanía nacional se encuentra en una situación de vulnerabilidad crítica debido a un conjunto de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. La legisladora enfatizó la necesidad de resguardar los recursos estratégicos, el territorio continental e insular y las instituciones democráticas, al tiempo que convocó a la dirigencia política a asumir una postura firme en el ámbito legislativo.
Modificaciones a la legislación sobre recursos naturales y la Cuestión Malvinas
Durante la entrevista radial, Propato analizó el contenido del proyecto normativo sobre defensa de la soberanía remitido al Congreso Nacional. La parlamentaria centró su atención en las modificaciones propuestas a la Ley 26.659 (conocida como Ley Solanas), aprobada en 2011 con el propósito de sancionar penal y administrativamente a empresas que exploten recursos hidrocarburíferos sin autorización en la Cuenca de Malvinas.
Según explicó la diputada en AM 530, el texto enviado por el Gobierno incorpora en su quinto título un régimen de desistimiento y regularización que permite eximir de sanciones penales e inhabilitaciones a firmas que hayan incurrido en actividades no autorizadas, a cambio de la cancelación de multas o reconversiones operativas. Propato advirtió que este esquema debilita la posición jurídica e internacional de la República Argentina fundamentada en la Resolución 2065 de las Naciones Unidas y en la prohibición de actos unilaterales en la zona en disputa.
Precarización salarial y crisis asistencial en el sistema de defensa nacional
En el desarrollo de la entrevista, la legisladora expuso un cuadro de situación detallado sobre el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Indicó que los haberes de los cuadros militares se posicionan hasta un 70% por debajo de la línea de pobreza, contexto que se ha traducido en alrededor de 18.000 bajas voluntarias dentro del sistema defensivo.
Propato denunció además la interrupción de coberturas médicas esenciales y tratamientos para patologías crónicas en la obra social del sector militar. Señaló que este escenario de atraso remunerativo obliga a integrantes de las fuerzas a recurrir a actividades laborales secundarias en horas de franco, lo cual compromete el nivel de entrenamiento y la operatividad profesional requerida para el manejo de sistemas de armas complejos. En esa línea, cuestionó las propuestas oficiales orientadas a la venta de activos estratégicos como mecanismo para financiar el equipamiento militar.
Facultades ejecutivas y debate sobre el marco constitucional
Respecto del capítulo institucional de la normativa en debate, la diputada advirtió sobre la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la delimitación de figuras punibles vinculadas a supuestas «campañas de desinformación» o amenazas a la seguridad interna.
Apoyándose en los análisis técnicos presentados por constitucionalistas como Gustavo Ferreira ante el ámbito de comisiones de la Cámara de Diputados, Propato subrayó que las atribuciones contempladas otorgan facultades extraordinarias a secretarios de Estado y ministros, configurando un marco que excede las restricciones previstas en el artículo 23 de la Constitución Nacional para el estado de sitio.
El escenario parlamentario ante la citación del 15 de octubre
La legisladora vinculó su análisis con el trabajo llevado a cabo en la reunión convocada por la Comisión de Cooperativas y Asociaciones Civiles, presidida por el diputado y veterano de guerra Aldo Leiva, donde diversos centros de excombatientes de Malvinas de todo el país coincidieron en la necesidad de proteger la integridad territorial.
En ese marco, Propato reafirmó la importancia del pedido de sesión especial impulsado para el 15 de octubre, orientada a lograr la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. La diputada instó a los gobernadores provinciales y a los legisladores de todas las bancadas a otorgar quórum y dar la discusión parlamentaria, al señalar que la norma vigente mantiene desreguladas las tarifas de servicios esenciales, el mercado de alquileres y los costos de endeudamiento familiar.
