El abogado Rodolfo Yanzón cuestionó la desestimación de los informes médicos por parte de la jueza María Servini antes de concretarse la extradición a Italia, tras la evasión del acusado en el barrio porteño de San Telmo.
La reciente evasión del ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi, de 74 años, quien descendió mediante un arnés y una cuerda de escalada desde un quinto piso en el barrio porteño de San Telmo, generó una fuerte repercusión judicial y política. En declaraciones brindadas al programa transmitido por Somos Radio AM 530 (Radio de las Madres) —conducido por los periodistas Roberto Caballero, Gustavo Cirelli y Florencia—, su abogado defensor Rodolfo Yanzón alertó que la vida de su asistido corre un cuadro de grave riesgo médico.
Los hechos y las advertencias sobre su estado de salud
Según detalló el letrado en la entrevista radial, Bertulazzi arrastra serias complicaciones neurológicas producto de haber padecido tres accidentes cerebrovasculares (ACB), lo que le provoca severas dificultades de motricidad y lagunas mentales. Yanzón precisó que el pasado 6 de noviembre el exmilitante fue atendido en el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía, donde se le ordenaron estudios urgentes, entre ellos un electroencefalograma.
La defensa sostuvo que la legislación argentina estipula que los traslados de extradición deben suspenderse ante cuadros médicos severos hasta que el Cuerpo Médico Forense emita un dictamen definitivo. Sin embargo, Yanzón señaló que la jueza federal María Servini declinó intervenir en la supervisión médica del imputado, argumentando que la ejecución de la medida quedaba bajo la órbita de Interpol y la Cancillería argentina.
Antecedentes judiciales y la revocación del refugio político
El caso de Bertulazzi comprende un extenso historial judicial que se remonta a la década de 1970 en Italia, época en la que militó en organizaciones de izquierda como Poder Operario y posteriormente Brigadas Rojas. Tras abandonar su país natal en 1980, fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por pertenencia a grupo armado y el secuestro de un empresario —hecho en el cual su defensa aclara que no tuvo relación con el caso de Aldo Moro—.
Tras residir en Francia y El Salvador, Bertulazzi se afincó en la Argentina a principios de la década de 2000. En 2002, la propia jueza Servini rechazó una primera solicitud de extradición formulada por la justicia italiana, al considerar que Italia no garantizaba un nuevo juicio con derecho a la defensa. En 2004, la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) le otorgó la condición de refugiado político bajo las convenciones de las Naciones Unidas.
No obstante, el estatus legal cambió sustancialmente en 2024. Tras los acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la CONARE resolvió revocar la condición de refugio el 29 de agosto pasado, lo que derivó en su detención formal y la reactivación del trámite de extradición avalado por la Corte Suprema.
Operativo policial y búsqueda de paradero
Al momento de su escape, Bertulazzi se encontraba bajo custodia permanente de la Policía Federal Argentina, con efectivos apostados en el piso de su vivienda y en la planta baja del edificio, además de monitoreo por cámaras de seguridad. Pese al dispositivo desplegado, el exmilitante aprovechó sus conocimientos en montañismo para descender hacia la vía pública.
Tras confirmarse la fuga, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de procedimientos e inspecciones en domicilios de personas allegadas. Frente a estas medidas, la defensa técnica expresó su preocupación por la integridad física de Bertulazzi, remarcando que se encuentra desprotegido y sin la asistencia médica requerida para sus patologías.
