El retorno a Comodoro Py y el factor electoral
La citación a indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada «Causa Cuadernos» marca un nuevo capítulo en la judicialización de la política argentina. Para el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), este movimiento del Tribunal no es casual y responde a una necesidad de sincronizar los tiempos procesales con los comicios de 2025 y 2027, rompiendo con la modalidad virtual que predomina en los tribunales federales. Según el legislador, se busca repetir la dinámica del caso Vialidad, donde se especula y se va «acomodando la realidad de los juicios a la realidad electoral» para generar impacto mediático durante la campaña.
La decisión de transformar el proceso en un juicio oral presencial implicó, de acuerdo con el diputado, una inversión económica inusual para adecuar las salas de audiencias, movilizada por factores externos al Poder Judicial. Tailhade sostuvo en el programa Caballero de Día (Somos Radio AM 530) que esta celeridad responde a las exigencias de sectores concentrados de la economía y medios de comunicación, quienes presionaron para que «el juicio se haga de manera presencial» con el fin de generar un escenario de exposición pública constante contra la exmandataria.
Denuncias de extorsión y el rol de los «arrepentidos»
Uno de los puntos más críticos señalados por el entrevistado es la validez de los testimonios recogidos durante la instrucción. Tailhade calificó el accionar de los operadores judiciales como una «actividad propia de los gangsters de un gangsterismo judicial que ya es evidente», cuestionando la legitimidad de las declaraciones de los empresarios y exfuncionarios que se acogieron a la ley del arrepentido. Según su análisis, no existen pruebas directas que vinculen a Kirchner con la ejecución de las obras públicas investigadas.
El legislador puso el foco en las figuras del fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de utilizar la prisión preventiva como una herramienta de coacción para obtener confesiones. En este sentido, afirmó que los testimonios que sostienen la acusación fueron obtenidos mediante métodos que vulneran los derechos humanos, asegurando que «los testimonios fueron obtenidos bajo tormentos» y amenazas de extender las detenciones si los imputados no señalaban a la expresidenta,.
Irregularidades en el debido proceso
La crítica de Tailhade también se extiende al incumplimiento de los protocolos establecidos por la propia Ley del Arrepentido. El diputado recordó que la norma exige que las declaraciones sean registradas por medios audiovisuales para garantizar su transparencia, requisito que se habría omitido sistemáticamente en este expediente. Al respecto, subrayó con dureza que «no hay absolutamente nada, no hay un puto video, no hay un audio» que respalde las actas por escrito presentadas por la fiscalía, las cuales en muchos casos apenas alcanzan media carilla de extensión.
SIEMPRE CON CRISTINA ✌🏼
Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa.
Nosotros vamos a estar con ella.
Martes 17 en San José 1111.
Desde las 7 am hasta que vuelva Cristina.#CristinaLibre pic.twitter.com/t710ulwakK— Argentina con Cristina 🇦🇷 (@argconcristina) March 13, 2026
Como ejemplo de estas supuestas prácticas de tortura psicológica, el diputado mencionó el caso de Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner. Tailhade relató que, según testimonios de la defensa, el imputado fue sometido a privación del sueño mediante el uso de reflectores en su celda hasta que aceptó declarar en el sentido requerido por los investigadores. Para el legislador, este es el «denominador común de la prueba que hay contra Cristina en Cuadernos», un esquema que, a su juicio, carece de fundamentos jurídicos sólidos más allá de la presión política y mediática.
