En una entrevista brindada al programa Mañana Sylvestre por Radio 10, conducido por Gustavo Sylvestre, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ratificó la gravedad institucional que rodea a la denominada «causa Libra». Según el letrado, existen elementos de convicción suficientes para que la justicia federal avance de manera inmediata sobre la figura del Presidente de la Nación. Gil Domínguez subrayó que desde el inicio de la investigación «existe una prueba directa y contundente que cada día se va ampliando cada vez más de la participación de Javier Milei de Karina Milei en esta estafa».
Un esquema de negocios incompatibles
La denuncia no se limita a la promoción de una moneda virtual, sino que apunta a la utilización de la estructura del Estado para fines privados. El constitucionalista señaló que la conducta del mandatario encuadra en figuras penales severas, destacando que se trata de «negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública y que eventualmente también se tendría que investigar por el lado de la Asociación Ilícita». Para Gil Domínguez, la fijación de mensajes promocionales en cuentas oficiales no fue un error de comunicación, sino parte de un engranaje diseñado para el beneficio económico personal.
La hipótesis de una organización delictiva cobra fuerza al analizar la repetición de nombres y procedimientos en el entorno presidencial. El abogado planteó que el número de involucrados supera lo exigido por el Código Penal para configurar un delito de banda, afirmando que «lo que ha existido es un plan sistemático un plan previo para la realización de esta criptoestafa». Este plan habría contado con una etapa de preparación previa al ascenso al poder, vinculada a los vínculos comerciales de Milei con empresarios del sector.
La parálisis en Comodoro Py y la presión a la prensa
Uno de los puntos más críticos del análisis radica en la inacción del Ministerio Público Fiscal, específicamente del fiscal Eduardo Taiano. Gil Domínguez cuestionó la doble vara judicial al comparar este caso con otros procesos de alto perfil, señalando que «si se aplica el estándar que la Corte Suprema de Justicia consolidó en el caso vialidad respecto a Cristina Fernández de Kirchner… en este caso tenemos una prueba directa que cada vez es mucho más abundante». La falta de un llamado a declaración indagatoria, pese a la contundencia de los registros públicos, sugiere una protección judicial que el letrado calificó de preocupante.
Asimismo, la reciente citación a la periodista Natalia Volosin para declarar como testigo fue interpretada como una maniobra de distracción e intimidación. Gil Domínguez denunció que esta acción busca castigar la revelación de que la causa estaba paralizada, describiéndolo como «un acto intimidatorio por parte de Taiano» porque la periodista puso en evidencia que el fiscal «tenía esta prueba y que la tenía cajoneada». Esta situación expone la vulnerabilidad de la libertad de expresión frente a operadores judiciales que parecen más interesados en proteger al poder político que en investigar delitos financieros.
Antecedentes y conocimiento del «negocio»
La defensa de la ignorancia técnica parece descartada por los antecedentes docentes de Javier Milei. El Presidente no solo participó del marketing de la moneda, sino que poseía conocimientos específicos previos por su labor en una academia de criptoactivos perteneciente a uno de los involucrados, donde «él era profesor y enseñaba una materia vinculada con este mundo». Este dato es clave para la querella, ya que demuestra que el mandatario comprendía perfectamente el alcance y la naturaleza de las operaciones que promocionaba.
Finalmente, el debate sobre la ética pública se reaviva ante los viajes y conferencias que el Presidente continúa realizando. Gil Domínguez fue tajante al recordar que la ley prohíbe el cobro de honorarios profesionales externos mientras se ejerce la primera magistratura, concluyendo que «no puede cobrar en carácter de presidente por ejercer ningún tipo de profesión en este caso sería que conferencista publicista». La causa Libra se perfila así no solo como un escándalo financiero, sino como una prueba de fuego para la independencia del sistema judicial argentino frente al Ejecutivo.
