La Comisión Investigadora del Caso Libra en la Cámara de Diputados de la Nación rompió el silencio con una contundencia que sacude los cimientos de la Casa Rosada. Según Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, el lanzamiento de la criptomoneda Libra no fue un error accidental ni un episodio de improvisación, sino una «operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación» que involucró directamente al presidente Javier Milei y a su círculo íntimo.
La «sincronización perfecta»: minutos que valen millones
La diputada Sabrina Selva (Frente Renovador) detalló una cronología que desarticula la defensa oficialista. El 14 de febrero de 2025, la creación del token Libra, el pozo de liquidez y las primeras compras ocurrieron en una ventana de apenas 23 minutos, culminando con el tuit del Presidente a las 19:01:22 promocionando la moneda como inversión para pymes.
Para la comisión, esta secuencia evidencia el uso de información privilegiada. Antes del posteo presidencial, se registraron 87 transacciones por un total de 13,5 millones de dólares. Este «vector central de promoción» permitió que operadores marginales del mundo cripto se beneficiaran del alcance masivo de la cuenta oficial del mandatario.
El rol de los intermediarios y las transferencias bajo la lupa
La investigación pone el foco en Mauricio Noveli, señalado como el nexo entre el creador de la cripto, Heiden Davis, y el Ejecutivo. Registros telefónicos recuperados del celular de Noveli muestran más de 20 contactos con los hermanos Milei y 14 llamadas con Santiago Caputo.
Los movimientos financieros refuerzan la sospecha de pagos indirectos a funcionarios. Se detectaron transferencias de Davis a Noveli por montos cercanos al millón de dólares en fechas clave: justo antes de reuniones en la Casa Rosada y horas después de las mismas. Además, peritajes hallaron borradores de contratos que estipulaban pagos de hasta 100 millones de dólares atados al apoyo presidencial.
Ofensiva institucional y denuncias por encubrimiento
Frente a lo que consideran una inacción deliberada del Poder Judicial, los legisladores anunciaron medidas drásticas:
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Denuncia al fiscal Eduardo Tayano ante el Tribunal de Disciplina por entorpecer la investigación y posible encubrimiento, acusándolo de «cajonear» pruebas aportadas por la DATIP desde noviembre de 2025.
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Pedido de interpelación al Jefe de Gabinete y a Karina Milei, quien habría autorizado las reuniones y mantenido comunicaciones frecuentes con los involucrados.
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Repudio a la persecución periodística, específicamente en solidaridad con la abogada y periodista Natalia Volosín, citada a declarar en un intento por vulnerar el secreto de sus fuentes.
Implicancias políticas: entre la defensa legal y el impacto social
Desde el entorno presidencial, la respuesta inicial ha sido la descalificación política, tildando a la investigación como un ataque del «estatus quo«. Sin embargo, la preocupación en los pasillos de Balcarce 50 es creciente. Trascendió que el exministro Mariano Cúneo Libarona ya estaría preparado para actuar como defensa legal del binomio presidencial ante una eventual imputación.
Este escándalo no solo pone a prueba la transparencia institucional del gobierno, sino que también amenaza con erosionar su base electoral en un contexto de fragilidad económica. La Comisión Investigadora ya evalúa una segunda etapa para delimitar las responsabilidades administrativas y penales de una presunta estafa que, según el informe, utilizó las instalaciones gubernamentales como plataforma de lanzamiento.
