La crisis energética golpea sectores vitales mientras la comunidad internacional denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En una nueva escalada de tensión diplomática y militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado abiertamente sus intenciones de intervenir en la soberanía de Cuba. Durante una comparecencia en el Despacho Oval reportada por la agencia teleSUR bajo la firma de JDO, el mandatario estadounidense afirmó ante la prensa: “Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma”. Estas declaraciones, lejos de ser aisladas, se producen en un contexto donde el líder republicano busca recuperar iniciativa política mientras enfrenta dificultades en otros frentes externos, como la guerra en Irán, y una pérdida de apoyo entre sus aliados europeos tradicionales.
Trump justificó su postura agresiva calificando al país caribeño como una “nación muy debilitada” y una “nación fallida” que, según su visión, carece de recursos y voluntad propia. No obstante, esta caracterización de «colapso» es interpretada por analistas internacionales como el resultado directo de una política de asfixia diseñada sistemáticamente por Washington. Como señala la investigadora Magda Luisa Arias Rivera en Política Internacional, el bloqueo no es un embargo judicial por deudas, sino un “acto de guerra en tiempos de paz” que busca privar a la población de recursos básicos para forzar un cambio de régimen.
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— RT en Español (@ActualidadRT) March 16, 2026
Un país sin combustible: la parálisis como estrategia
La situación energética en la isla ha alcanzado niveles críticos tras la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que impone sanciones a buques y empresas que transporten crudo a La Habana. El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció la gravedad del desabastecimiento al informar que “hace más de tres meses no entra un barco de petróleo al país”. Esta parálisis energética no es un efecto secundario, sino una herramienta de castigo colectivo que vulnera el derecho internacional humanitario y afecta servicios esenciales como el transporte de alimentos y el funcionamiento de hospitales.
Desde una perspectiva jurídica, la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton representa un endurecimiento sin precedentes. Según explica la abogada Lourdes Dávalos León del despacho Uría Menéndez, esta medida permite a ciudadanos estadounidenses reclamar por propiedades confiscadas hace décadas, buscando “recrudecer la presión política hacia Cuba” e intimidar a cualquier inversor extranjero que intente operar en la isla. Esta extraterritorialidad de la ley estadounidense es rechazada de plano por la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea, por considerar que atropella la soberanía de terceros Estados.
El costo humano: salud y laboratorios bajo fuego
El impacto más cruel de estas políticas se evidencia en el sector sanitario. Informes de la organización Oxfam, coordinados por Ernesto Fidel Domínguez Mederos, denuncian que las sanciones profundizan las brechas de género, cargando sobre las mujeres el peso de las carencias en el hogar y en los cuidados. La Dra. Berta Lidia Castro, presidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría, relata la angustia cotidiana de los profesionales de la salud: “no siempre tenemos los recursos que necesitamos para tratarlos (a niños con enfermedades graves) de manera más efectiva, con menos pain o una solución más rápida”.
Incluso en medio de la pandemia de COVID-19, Washington ha bloqueado la adquisición de ventiladores pulmonares y kits de diagnóstico. Según reportó el South Centre, empresas suizas como IMT Medical fueron impedidas de suministrar equipos tras ser adquiridas por firmas estadounidenses, lo cual demuestra que “el uso de sanciones económicas para fines políticos viola los derechos humanos y las normas de conducta internacional”, tal como denunció el experto de la ONU Idriss Jazairy. Asimismo, la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo actúa como un “impedimento para que los cubanos reciban suministros críticos que en última instancia podrían salvar vidas”, según el análisis de Shannon Jackenthal de la American University.
Ilegalidad internacional y soledad diplomática
Pese a la retórica de la Casa Blanca, el respaldo global a las sanciones es nulo. En la última votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 187 países exigieron el fin del bloqueo, con solo Estados Unidos e Israel votando en contra. El organismo South Centre destaca que estas medidas coercitivas unilaterales son “incompatibles con los principios de la Carta de la ONU”, afectando la capacidad de Cuba para cooperar en el desarrollo internacional, un área donde la isla ha demostrado un compromiso histórico a pesar del asedio.
Mientras Trump afirma que Cuba está llegando “al final del camino”, la resistencia interna y el rechazo internacional configuran un escenario de incertidumbre. La política de Washington no solo asfixia a 11 millones de cubanos, sino que desafía las bases mismas del derecho internacional. Como se consigna en los informes presentados ante la ONU, cualquier muerte vinculada a la imposibilidad de obtener medicinas por estas restricciones constituiría una “privación arbitraria de la vida” bajo el marco de los derechos humanos vigentes.
