Media sanción al Súper RIGI: Entre la promesa de inversión y la denuncia por «entrega de soberanía»
En una sesión cargada de tensiones ideológicas y proyecciones económicas contrapuestas, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto del “Súper RIGI”, impulsado por la administración de Javier Milei. Con 130 votos afirmativos contra 106 negativos, el oficialismo logró avanzar en un régimen diseñado para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, centradas en sectores de frontera como la inteligencia artificial y los semiconductores. Sin embargo, la jornada dejó al descubierto profundas grietas respecto al costo fiscal y la autonomía territorial frente a capitales transnacionales.
Un traje a medida para Silicon Valley
Desde la oposición, el diputado Agustín Rossi (UxP) advirtió en su discurso, transmitido por el canal de la Cámara de Diputados, que esta normativa no es general, sino que «el Súper RIGI es un traje a medida para los nuevos amigos del presidente Milei que son las empresas de inteligencia artificial». Según Rossi, el ingreso de Argentina a coaliciones como «Pax Silica» posiciona al país como un proveedor de recursos críticos sin regulaciones, en contraposición a las tendencias globales de control sobre la IA. La nota de Paula Marussich en Página|12 refuerza esta visión al señalar que la ley beneficia a figuras como Peter Thiel, permitiendo la libre disponibilidad de divisas y estabilidad jurídica por 30 años.
El impacto fiscal y el fantasma del desempleo
La diputada Julia Strada (UxP) cuestionó severamente los beneficios impositivos, señalando que el régimen concede aproximadamente «1.800 millones de dólares al año en rebajas de impuestos», sin una contrapartida clara en la generación de valor. Strada desestimó las promesas de empleo del Ejecutivo, contrastando que mientras se prometen 28.000 puestos, los datos oficiales del INDEC muestran la destrucción de 250.000 empleos recientes. Para la legisladora, se trata de una política de «picking winners» donde el Estado elige sectores ya rentables, como el extractivo, comprometiendo el espacio fiscal hasta el año 2038.
Industria nacional y proveedores locales en jaque
El debate también giró en torno a la exclusión del aparato productivo preexistente. El diputado Mario Manrique (UxP) denunció que el artículo 4 de la ley deja afuera a cualquier proyecto de modernización de instalaciones actuales, sentenciando que «le está diciendo a la industria nacional que se joda». Manrique caracterizó la iniciativa como un «negociado entre particulares» que choca contra la Constitución Nacional en múltiples puntos, favoreciendo a corporaciones extranjeras en detrimento de los trabajadores locales. Por su parte, el diputado Germán Martínez (UxP) alertó sobre la ineficacia de las cláusulas de «compre local», mencionando que incluso inversiones industriales recientes bajo el RIGI original podrían verse perjudicadas al no integrarse en cadenas de valor sólidas.
Soberanía territorial y recursos naturales
La cesión de jurisdicción a tribunales internacionales como el CIADI es uno de los puntos más críticos señalados por los especialistas y legisladores. Mario Manrique fue tajante al respecto: «Van a venir por nuestros recursos naturales… para lograr eso nos necesitan débiles». La preocupación se extiende al uso intensivo de energía y agua que requieren los centros de datos, recursos sobre los cuales el proyecto no impone medidas precautorias ambientales suficientes. Para Agustín Rossi, el riesgo es repetir modelos como el de «La Forestal», donde las empresas extranjeras operaban con leyes y policía propia para luego retirarse dejando territorios devastados.
Finalmente, la diputada Luciana Potenza (UxP), en su intervención durante la sesión del 24 de junio de 2026, cuestionó los objetivos reales de la normativa al señalar que las metas de prosperidad y empleo incluidas en el texto son una «tomada de pelo» y una mera «declaración de buenas intenciones» ante la falta de exigencias legales concretas para los inversores. Potenza advirtió sobre la asimetría impositiva, denunciando que las empresas más rentables del planeta pagarán menos tributos que un empresario argentino que hoy intenta sobrevivir, mientras se garantiza una estabilidad jurídica de 30 años que impide a futuros gobiernos modificar las condiciones acordadas. Al cierre de su discurso, la legisladora alertó que el proyecto no defiende ningún interés nacional, permitiendo incluso la importación de mano de obra extranjera sin pisos mínimos de participación local, y sentenció que los impulsores del régimen «son capaces de bajar del mástil la bandera argentina para que vengan a invertir y que no dejen nada».
