Tras la derogación de las leyes de punto final, obediencia debida e indultos, un testigo de identidad reservada se presentó en 2003 ante un juzgado de instrucción de Gualeguaychú y permitió acceder a nuevas revelaciones. A partir de ese relato, un periodista comenzó una investigación sobre casos similares en esa parte del Delta del Paraná.
Por Leonardo Castillo
Los testimonios de los pobladores de Villa Paranacito, en Entre Ríos, que fueron relevados por un trabajo periodístico tras años de silencio, resultan ahora determinantes para impulsar el avance de una investigación judicial sobre los vuelos de la muerte que se llevaron a cabo en el delta del Paraná durante la última dictadura cívico militar.
Con la derogación de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos, un testigo de identidad reservada se presentó en 2003 ante un juzgado de instrucción de Gualeguaychú y contó un hecho relacionado con lo que sucedía en esa zona, ubicada en las islas del Ibicuy.
Fuentes allegadas a la causa contaron que se trataba de un policía (hoy retirado) que por esos días estaba de novio con una chica, cuyos padres le contaron que habían enterrado un cuerpo que había aparecido dentro de un barril metálico de 200 litros, relleno de cemento, y que presumiblemente había sido arrojado desde un avión.
“Era gente que había visto cuerpos flotando y vio bultos que caían desde aviones. Es un lugar donde los vuelos de la muerte tuvieron testigos”
FABIÁN MAGNOTTA
La Justicia no pudo avanzar con el testimonio de este efectivo -y prefiere no dar a conocer su identidad- porque su novia de entonces negó los hechos cuando se la convocó a declarar, y se supo que la mujer está casada con un integrante de la Prefectura Naval que revista en la localidad de bonaerense de Zárate.
El declarante decidió contar su historia y le reveló los hechos al periodista Fabián Magnotta, quien en base a ese relato comenzó una investigación sobre casos similares que durante décadas habían sido silenciados en esa parte del Delta del Paraná.
“Nos encontramos un día en un plaza de Gualeguaychú. Me contó lo que sabía y en base a esa historia empecé a recolectar otras historias similares. Era gente que había visto cuerpos flotando y vio bultos que caían desde aviones. Es un lugar donde los vuelos de la muerte tuvieron testigos”, señaló Magnotta en diálogo con Télam.
El trabajo periodístico de Fabián Magnotta
Con los testimonios de lancheros, hacheros, obreros rurales y docentes, Magnotta compuso el libro “Un lugar perfecto”, que se publicó en 2012 y que devela historias que durante años estuvieron “silenciadas por el miedo de los pobladores”.
“Estamos hablando de un lugar en el cual la presencia de la Prefectura –entonces una fuerza que dependía de la Marina- era muy fuerte en la zona, al igual que la policía. Los vecinos tenían miedo de hablar, de contar lo que habían visto”, afirmó Magnotta.
En esa zona del sur de Entre Ríos se dan una serie de características geográficas que propician que ese lugar fuese “perfecto” para desaparecer a las víctimas del terrorismo de Estado.
“Hay mucha vegetación, inundaciones, movimientos de tierra y está cerca de la conjunción del Paraná con el Uruguay, donde hay una profundidad muy grande. Era como un patio trasero para la represión ilegal”, explicó Magnotta.
El periodista aseguró que hay testimonios que van desde 1976 hasta 1980, y que durante el Mundial de Fútbol se registró una gran actividad de vuelos en esa zona de Ibicuy.
”Bolsas flotando”
Leticia Cívico es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y durante su infancia vivió en las islas, donde las historias de cuerpos en el agua estaban siempre presentes en los relatos de vecinos y familiares.
Elaboró una tesis de grado sobre la memoria oral de los habitantes del delta del Paraná, y en un capítulo del trabajo, titulado “Correr el velo”, da cuenta de esas historias.
“Son secretos a voces. Mi papá hablaba de bolsas flotando, las decía como cosas al pasar. Traté de acercarme a esos relatos que estaban siempre presentes”, contó Cívico a esta agencia.
Uno de los relatos referidos por Cívico es el de Marcos Queipo (ya fallecido), un lanchero que contó haber visto cuerpos flotando en una parte del delta en una FM local, durante una entrevista que le hizo Jorge Temporetti, un antiguo militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) que durante la dictadura volvió al Ibicuy, donde había nacido para vivir una suerte de exilio interno.
“En 1993, con unos compañeros armamos una FM y un 24 de marzo armamos un homenaje y Marcos contó su historia. Él era un lanchero que trabajaba para la empresa Celulosa, y que en una zona del Arroyo Martínez vio varios cuerpos flotando. Se acercó a Prefectura a dar la novedad y le dejaron en claro que no se tenía que meter”, reseñó Temporetti.
Y en ese sentido, agregó: “Los milicos le preguntaron si alguno era familiar suyo. Les dijo que no y entonces le dijeron que se vaya y no moleste porque si no iba a terminar igual”.
2016: se reactiva la investigación
Con los relatos y la información que recopiló, Magnotta presentó en 2016 una denuncia ante la Procuración General de la Nación, y ahora, la causa parece haber cobrado impulso.
La instrucción de la causa está a cargo del juez de Concepción del Uruguay Pablo Seró e interviene la fiscal federal Josefina Minatta, quienes a principios de año ordenaron varias inspecciones en el delta del Paraná en busca de testimonios y documentos, junto a integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la abogada Lucía Tejera, querellante por el Estado nacional.
“Está totalmente probado que existieron los vuelos de la muerte en la zona por testimonios de gente que vio cómo se tiraban cuerpos al agua. Ahora debemos establecer de dónde venían las víctimas, en cuales centros clandestinos de detención habían estado”, explicó Minatta a Télam.
Exhumaciones y ADN
La fiscal consignó que en la causa se verifican dos tipos de hallazgos de cuerpos en base a las declaraciones de los isleños: “Uno son los barriles rellenos de cemento con los cuerpos adentro y el otro son cadáveres envueltos en frazadas con las manos atadas con alambres que aparecían flotando en el agua”.
“Sospecho que hubo dos centros que descartaron cuerpos en la zona. Estamos buscando víctimas, en los cementerios y en lugares donde pudo haber enterramientos clandestinos. Para eso está prevista en los próximos días una exhumación en las tumbas de NN que hay en el cementerio de Villa Paranacito, donde tomará intervención el EAAF”, agregó Minatta.
La funcionaria judicial remarcó que “la idea es obtener muestras de ADN y cruzarlas con datos del Banco Nacional de Genéticos”, y en ese trámite descansa la posibilidad de que la investigación aporte nuevos elementos.
Un recorrido en busca de pruebas por el Paraná que llegó hasta la quinta “El silencio”
Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, participó este año, junto a la fiscal Josefina Minatta, el juez Pablo Seró e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de varias inspecciones oculares en la zona del Ibicuy que incluyeron largos periplos por las aguas del Paraná en busca de información que los llevaron hasta la quinta “El Silencio”, en las islas del Tigre de la provincia de Buenos Aires.
“Hicimos varias inspecciones y llegamos a navegar hasta 200 kilómetros por los arroyos del delta del Paraná. Buscamos a pobladores que sabíamos que habían visto algo. Paramos en muelles y fuimos recabando varios testimonios que fueron muy útiles para el avance de la investigación”, señaló Tejera en diálogo con Télam.
En una de esas visitas, que incluían paradas en los muelles de varias islas, los funcionarios judiciales dieron con un hachero de apellido Monzón, curtido en el oficio de cortar madera en esa zona de densa vegetación.
El hachero, con mucho recorrido por todas esas islas, les contó que por los años de la última dictadura, había escuchado gritos en un lugar donde había ido a talar.
“Nos contó que había ido una vez, escuchó gritos de dolor, gente que se quejaba y no quería ir solo a ese lugar. Cuando nos llevó hasta el lugar comprobamos que estábamos en la parte de atrás de la isla donde estaba ‘El Silencio’”, señaló Tejera en diálogo con Télam en referencia a una quinta donde la Marina alojó a detenidos de la ESMA.
En 1979, en el marco de la visita que realizaron al país los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar las denuncias contra la dictadura, a los detenidos de la ESMA se los trasladó a ese lugar para mantenerlos ocultos.
Desde 1975, el predio de alrededor de 50 hectáreas era propiedad del pro vicario castrense Emilio Teodoro Grasselli (ex capellán de la Iglesia durante la dictadura cívico-militar) y otras tres personas, y en la actualidad es una propiedad privada que hace dos años fue señalizada como centro clandestino de detención ilegal.
Tejera indica que la información que se recabe en el cementerio de La Tinta, cercano a Villa Paranacito puede ser vital para esclarecer esta causa de los vuelos de la muerte.
En ese lugar hay tumbas NN, que incluso fueron inhumadas en el marco de las investigaciones que se llevaron a cabo para dar con los restos del desaparecido empresario Rodolfo Clutterbuck, víctima de un secuestro extorsivo ocurrido en 1988.
Los restos que se inhumaron no permitieron arrojar datos sobre el empresario, pero el personal que trabaja en el cementerio asegura que fueron devueltos y que se encuentran en el lugar.
“Estamos ahora en la tarea de identificación, eso lo hará el EAAF, que está definiendo con qué otros elementos técnicos se pueden buscar lugares de enterramientos clandestinos. No nos olvidemos que estamos ante un terreno muy complicado. Con mucha vegetación y donde hay varios movimientos de suelo”, subrayó Tejera.
La causa pudo avanzar con los testimonios aportados en el libro de Fabián Magnotta, pero se sigue recolectando información, y por eso, los funcionarios judiciales y del Municipio de Gualeguaychú habilitaron un número de teléfono y una dirección de mail para que puedan acercarse nuevos datos.
Quienes consideren que tengan algo que aportar pueden escribir a derechoshumanos@gualeguaychu.gov.ar o comunicarse al 3446-629285.
