El exjefe de personal y unexcomisario recibieron 16 años de prisión. El Tribunal Oral Federal N°1 confirmó la categoría de lesa humanidad de los hechos juzgados, en consonancia con lo resuelto también ayer por la Sala III de la Cámara Federal de Casación, al confirmar la sentencia de 12 años de prisión impuesta a Levín en el primer juicio por estos hechos.
El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Marta Liliana Snopek (presidenta), María Alejandra Cataldi y Abelardo Jorge Basbus, condenó ayer al expropietario de la empresa La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, a la pena de 18 años de prisió por considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar el uso de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 trabajadores de la firma que dirigía el empresario cuando ocurrieron los hechos en enero de 1977.
Por los mismos delitos, también fueron condenados el exjefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario de la ex seccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Almirón, a quienes les impuso penas de 16 años de prisión.
Grueso fue considerado partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio del trabajador Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravado por mediar violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados de la firma, que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.
El tribunal encontró a Almirón partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
En la lectura del veredicto se hizo expresa mención al voto en disidencia de la jueza Snopek respecto al grado de participación de los tres acusados y al monto de las penas. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 5 de diciembre.
Crímenes de lesa humanidad
El tribunal también declaró que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad, tal como lo hizo ayer la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, que confirmó la condena de 12 años de prisión que le había sido impuesta a Levín el 28 de marzo de 2016 por los mismos delitos, pero en esa ocasión solo en perjuicio de Víctor Cobos, empleado de la firma y a la vez delegado gremial, en representación de la Unión de Trabajadores del Automotor (UTA).
Para la fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, en este caso representado por Levín, quien en la época era el dueño de una de las empresas de transporte más importante del país.
Con otra integración de jueces, el mismo tribunal también había condenado a los exjefes de la exseccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Bocos y Víctor Almirón, a quienes -al igual que Levin- les impuso penas de 12 años de prisión; un tercer policía de esa misma comisaría, Víctor Enrique Cardozo (f), recibió una pena de ocho años de prisión por los mismos delitos.
Desde el 3 de octubre pasado, en tanto, el tribunal llevó adelante un segundo juicio contra Levín y Almirón, a los que se sumó Grueso, quienes fueron juzgados por su participación en las detenciones ilegales de 16 trabajadores que tenían una estrecha relación con Cobos, aunque no tenían representatividad sindical.
A lo largo de todo el mes, se desarrollaron extensas audiencias en las que varios exempleados de la empresa, sobrevinientes de secuestros y tormentos, contaron en detalle los hechos vividos en la excomisaría Cuarta, y señalaron a Levín y Grueso como los principales responsables.
Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta, que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor.
En su alegato, el fiscal Amad ratificó las imputaciones a los tres acusados y pidió penas de 25 años de prisión para Levín y de 23 años de prisión para Grueso y Almirón. Explicó que las detenciones ilegales de los empleados se realizaron, tanto en la provincia de Salta como en Tucumán por parte de efectivos de la excomisaría Cuarta, en ese entonces (enero de 1977) a cargo de Almirón. Precisó que se detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa.
“El empresariado”
Para la fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, en este caso representado por Levín, quien en la época era el dueño de una de las empresas de transporte más importante del país.
Amad precisó que las detenciones se lograron por el aporte de información del empresario, a través de Grueso, quien era su mano derecha dentro de la firma. A la vez, descartó la coartada esgrimida por el exdueño de la firma respecto a que las detenciones se originaron en una denuncia que formuló el 21 de enero de 1977 sobre maniobras de estafas consistente en la venta “melliza” de boletos.
A lo largo de todo el mes, se desarrollaron extensas audiencias en las que varios exempleados de la empresa, sobrevinientes de secuestros y tormentos, contaron en detalle los hechos vividos en la excomisaría Cuarta, y señalaron a Levín y Grueso como los principales responsables.
“No hubo ninguna pesquisa ni nada, se hicieron con el aporte de Levín mediante Grueso, quien confeccionó la lista de los empleados que iban a ser detenidos, entre los cuales se hallaba Cobos y los trabajadores que apoyaban las actividades sindicales dentro de la empresa”, indicó el fiscal.
Sostuvo que la intención del empresario era “deshacerse” del delegado gremial Cobos, quien luego fue exonerado de la firma, con lo cual fueron desarticuladas las actividades sindicales. El fiscal calificó la intervención de Levín como un caso paradigmático de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
A su turno, las defensas cuestionaron el relato de los testigos, sobre quienes indicaron que recurrieron a denunciar crímenes de lesa humanidad para evitar las consecuencias legales de la denuncia de fraude -hechos por los que fueron absueltos en el fuero provincial- realizada en su contra por el empresario.
En la audiencia de ayer, el tribunal dio lugar a las réplicas. El fiscal general expresó que los defensores “en ese mundo ideal” de la teoría que llevaron al juicio incurrieron “la negación misma de los delitos de lesa humanidad”.
Amad aclaró que, efectivamente, después del golpe del Estado, no hubo más actividad sindical, pero la persecución se intensificó, pues los gremialistas y todos aquellos que coincidían con esa actividad eran considerados “el enemigo que había que erradicar de la sociedad”. “No hay mejor momento que este; aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer Justicia, aunque el mundo perezca”, concluyó.
En las palabras finales de los acusados, en tanto, Levín insistió en que sólo visitó la excomisaría Cuarta por única vez cuando radicó la denuncia por las maniobras presuntas de fraude, mientras que Grueso se proclamó inocente. Almirón se mantuvo en silencio.
Fuente: Fiscales
