Causa Cuadernos: el juicio entra en zona de sombras tras masivas denuncias de coacción judicial
El juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos” atraviesa una etapa de definiciones críticas que amenazan la validez de la instrucción original. Según consignan las periodistas Irina Hauser en Página|12 y la redacción de Política Argentina, el proceso iniciado por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio enfrenta un proceso de desmantelamiento por parte de los mismos protagonistas que alguna vez sostuvieron la acusación. En las últimas audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), 27 imputados relataron haber sido víctimas de un sistema de presiones destinado a forzar testimonios contra Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, lo que ha llevado a analistas a considerar que el caso “se está devorando a sí mismo”.
Empresarios y la «libertad» como moneda de cambio
La mayor fractura en el relato oficial proviene del sector empresarial, donde varios imputados colaboradores admitieron haber falseado sus declaraciones iniciales para evitar la prisión preventiva. Mario Rovella, titular de una de las constructoras más importantes del país, fue contundente ante los jueces al declarar: “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero”. El carácter sistemático de estas irregularidades queda en evidencia con el accionar de empresarios como Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, quienes, previendo la presión judicial, dejaron constancia en una escribanía antes de declarar que sus dichos ante Bonadio serían falsos y producto de la coacción.
Esta mecánica de “arrepentimientos” bajo amenaza fue sintetizada por la defensa de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción, al señalar la desesperación de los acusados por mantener su libertad ambulatoria. El letrado afirmó que su cliente “hubiera confesado que hizo el túnel para robar el Banco Río en Acassuso” con tal de no permanecer detenido, lo que pone en duda la veracidad de las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción bajo la Ley del Arrepentido. La implicancia social de estas declaraciones es profunda, ya que sugiere una instrumentalización del aparato judicial para fines políticos, vulnerando garantías constitucionales básicas bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción.
El rol de Stornelli y Bonadio en el centro de las denuncias
Los testimonios no solo apuntan a la falsedad de los hechos, sino que describen de forma detallada el modus operandi de los funcionarios judiciales a cargo. Gerardo Ferreyra, de la firma Electroingeniería, relató que se le ofreció la libertad a cambio de confesar que se había arrepentido “de haber colaborado con estos mugrientos”, en referencia al gobierno de la Casa Rosada. Por su parte, exfuncionarios como Rafael Llorens denunciaron que el fiscal Stornelli “intentó hacer confesar cosas que no quería confesar ni que pensaba confesar y que tampoco habían pasado”, sumando relatos de persecuciones y robos extraños sufridos por sus familiares durante su período de detención.
Incluso se revelaron advertencias directas por parte del juez Bonadio, quien ante la negativa de empresarios como Aldo Roggio de admitir pagos de retornos, habría lanzado frases intimidatorias. Según el abogado de Roggio, el magistrado le espetó a su defendido un amenazante “¿Por qué no lo piensa? El que avisa no traiciona”, dejando en claro que la única vía para evitar la cárcel era validar la hipótesis de la fiscalía. Estas prácticas de «sortijas para pocos», término atribuido a Stornelli por el exdirector de Yacyretá, Oscar Thomas, dibujan un escenario donde la justicia operó de forma selectiva para cercar políticamente a la expresidenta.
Opacidad judicial y la crisis del contrainterrogatorio
Ante la gravedad de estas denuncias, la reacción del TOF7 ha sido el cierre de la publicidad de las audiencias, suspendiendo las transmisiones por YouTube a partir de la próxima semana. Esta decisión ha generado un inusual consenso de rechazo entre las defensas y la fiscal Fabiana León, quienes coinciden en que la transparencia es vital en este proceso. La defensa de Roberto Baratta cuestionó la medida mientras el juicio entra en una fase de oscuridad donde “la causa que se construyó bajo los focos del escándalo mediático intentará ahora resolverse en la oscuridad”.
El conflicto jurídico se agrava con la negativa de piezas clave, como el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens, a declarar en el juicio oral. Al guardar silencio, impiden que los abogados de los acusados puedan ejercer su derecho al contrainterrogatorio, lo que según Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido, genera una “imposibilidad de contrainterrogar” que vulnera directamente el derecho a la defensa. Sin la validación de estos testimonios en sede oral, el andamiaje probatorio de la Causa Cuadernos se tambalea, dejando al tribunal ante el dilema de convalidar un proceso viciado o atender los pedidos de nulidad que brotan de las propias declaraciones de los imputados
