La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, adelantó que se tomarían en cuenta las propuestas.
Representantes del Colectivo Nacional Mario Bosch de abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad y miembros de la agrupación Justicia Legítima pidieron en el Senado retoques en el proyecto de ley de reforma judicial enviado por el Gobierno para evitar retrasos en las investigaciones de los delitos cometidos durante la dictadura militar.
Al exponer esta tarde en el plenario de comisiones del Senado en el que se discute la reforma judicial, Pablo Llonto, representante de ese colectivo, pidió a los legisladores que tengan en cuenta una serie de modificaciones propuestas en el texto oficial para evitar que se demoren los avances en causas de lesa humanidad.
En la misma sintonía, se expresó el abogado miembro de la agrupación Justicia Legitima, Jorge Auat, quien calificó la propuesta como “oportuna y urgente” y coincidió con los pedidos de correcciones.
Llonto solicitó específicamente modificar el artículo 59, en el aspecto que plantea el traslado de secretarias de derechos humanos de juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos con lo cual, subrayó, “se desarma la investigación de causas pendientes”.
Para el dirigente, estos traslados desarticularían equipos que “ya vienen trabajando con eficacia”, algo que consideró contraproducente.
Llonto pidió además tener en cuenta “la necesidad de celeridad” en las causas de lesa humanidad y para ello solicitó “agregar incisos al artículo 70 en el que se establece que cuando a un tribunal oral federal lleguen causas por delitos de lesa humanidad tengan tratamiento prioritario”.
“Llevamos años esperando justicia por nuestros 30 mil compañeros desaparecidos”, dijo y criticó “el olvido de muchos jueces federales por este tipo de delitos”.
Auat añadió por su parte que “se habla de hechos que ocurrieron hace 40 años” con lo cual “esto no admite más dilaciones”, ya que “las demoras en las instancias casatorias y de corte son una forma indirecta de impunidad”, agregó.
“Si yo desarmo toda una estructura para estas causas estaríamos dando un mensaje de que esto dejó de ser política de estado y un cambio de agenda”, añadió Auat.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, adelantó que se tomarían en cuenta sus propuestas.
