Un modelo de exclusión y cierre masivo de empresas
Desde el inicio de la administración de Javier Milei, el tejido industrial de las pequeñas y medianas empresas argentinas ha ingresado en una fase de contracción profunda. Según la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), el sector se encuentra actualmente “en peligro de extinción” debido a un rumbo económico que desatiende la producción local. Las cifras oficiales y de organizaciones privadas arrojan un panorama desolador: desde 2023 se ha registrado “el cierre de más de 26.000 empresas, con un promedio de 30 cierres diarios”, lo que representa una erosión constante del capital productivo nacional.
Esta dinámica no es interpretada por los actores del sector como una consecuencia accidental de la macroeconomía, sino como un rasgo de diseño del programa oficial. Para APYME, la situación es el “resultado lógico de un modelo de ‘economía dual’” que transfiere beneficios a sectores concentrados mientras asfixia a la industria que depende del consumo doméstico. En este contexto, el superávit comercial que exhibe el Gobierno es cuestionado, calificándolo como un “espejismo” donde las divisas de las exportaciones primarias se pierden en la fuga de capitales y el pago de intereses de deuda.
El impacto social y el fantasma de la crisis de 2001
La parálisis de las Pymes tiene un correlato inmediato en la degradación de los indicadores socio-laborales. En el primer trimestre de 2026, el desempleo escaló al 7,8%, una cifra que, según datos del Indec, “se aproxima a los niveles de la crisis de 2001”. La caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ha debilitado un mercado interno que es el “principal sustento de las Pymes”, generando un círculo vicioso de menor consumo y mayor desempleo.
A este escenario se suma una precarización alarmante de quienes aún mantienen un puesto de trabajo. La informalidad laboral ha alcanzado el 44,2%, afectando a casi seis millones de personas, lo que expertos definen como una “degradación acelerada” del mercado laboral argentino. Mientras sectores como la energía y la minería muestran dinamismo, la industria manufacturera opera con niveles mínimos de capacidad instalada, evidenciando que “la realidad argentina se mueve en sentido contrario” a las recomendaciones de organismos internacionales que ven en las Pymes la columna vertebral del empleo.
RIGI y la profundización de la concentración económica
El marco regulatorio impulsado por el Ejecutivo, particularmente el denominado «Súper RIGI», ha sido señalado como una herramienta que profundiza la desigualdad competitiva. APYME denuncia que estas normativas “diseñan un marco de privilegio para grupos concentrados y corporaciones extranjeras”, dejando a los proveedores locales sin posibilidad de integración en las cadenas de valor. Esta política de incentivos asimétricos favorece exclusivamente a las actividades extractivas y financieras en “detrimento del entramado productivo nacional”.
La proyección para el segundo semestre de 2026 es crítica si no se produce un viraje en la política monetaria y de ingresos. Dirigentes empresariales han advertido que, bajo el esquema actual, “podrían desaparecer otras 40.000 firmas” antes de finalizar el año. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) refuerza esta preocupación al señalar que el país atraviesa un “proceso de concentración económica” forzado por la ausencia de políticas de fomento y la apertura irrestricta que desprotege a la industria nacional.
