El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, formalizó el inicio de la etapa final para el traspaso de la gestión del agua potable y saneamiento al sector privado. Según informaron los portales Tiempo Argentino y Página|12, el ministro Luis Caputo confirmó que este viernes se «publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)». Esta medida se enmarca en la Ley Bases y representa la transferencia de un activo que provee servicios esenciales a más de 11 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El agua como moneda de cambio para el FMI
La urgencia del anuncio responde a una necesidad financiera inmediata más que a una mejora planificada del servicio. El Ejecutivo proyecta recaudar al menos 500 millones de dólares con esta venta, fondos que se destinarán íntegramente a cubrir los «vencimientos de 4300 millones de dólares con acreedores privados en junio y otros 2500 millones hasta septiembre con el FMI». Bajo la lógica oficial, la entrada de capitales privados es la única vía para sostener los compromisos externos, omitiendo el debate sobre la soberanía de los recursos hídricos en un contexto de crisis climática y social.
Un esquema de concesión a largo plazo
El diseño de la privatización contempla un modelo de control casi total por parte de privados durante décadas. El plan estipula vender el 51% a un «operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa». El remanente de las acciones estatales saldría a la Bolsa, mientras que solo un 10% quedaría en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. Para asegurar la rentabilidad del comprador, el nuevo contrato establece una concesión por 30 años, con opción a 10 más, garantizando un mercado cautivo en una región donde las boletas ya no cuentan con subsidios y sufren aumentos mensuales del 3%.
El desguace de activos estratégicos
La entrega de AySA no es un hecho aislado, sino un eslabón en una cadena de desestatización que ya alcanzó a sectores críticos de la energía. Recientemente se adjudicó la venta de Transener por 356 millones de dólares, y en el horizonte cercano aparece Metrogas, por la cual el Gobierno «busca conseguir otros 700 millones de dólares». Mientras Caputo argumenta que el ingreso de privados «permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio», la realidad territorial muestra un esquema de tarifas plenas que asfixia el consumo doméstico para garantizar el flujo de divisas hacia el pago de deuda externa.
