El gobierno de Javier Milei ha formalizado su intención de reconfigurar la Cámara Federal porteña, una instancia judicial estratégica por la que transitan todas las causas de corrupción y delitos federales del país. Según detalla la periodista Luciana Bertoia en Página|12, el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar cargos permanentes en el tribunal de apelaciones. Esta maniobra no es menor, ya que esta Cámara deberá revisar «la decisión de excluir a las querellas del caso sobre la estafa $LIBRA en la que está involucrado el Presidente».
Candidatos con antecedentes y méritos cuestionados
La selección de los nombres propuestos por la Casa Rosada revela una clara intencionalidad política por sobre el rigor administrativo de los concursos. Pablo Bertuzzi, quien ya integra la Sala I tras un traslado cuestionado durante el macrismo, se postuló para permanecer en el cargo a pesar de haber quedado «21º en el orden de mérito» original, logrando escalar posiciones mediante maniobras en el Consejo de la Magistratura.
Por su parte, Pablo Yadarola, actual juez en lo penal económico, es señalado por su participación en la polémica comitiva judicial a Lago Escondido. Su ascenso a la Cámara Federal, según Bertoia, busca reemplazar a Leopoldo Bruglia, consolidando un tribunal alineado con los intereses del oficialismo. Al respecto, la periodista destaca que estas postulaciones cierran el paso a candidatas mujeres con mejores puntajes, como la fiscal Cecilia Incardona, lo que «consolida la tendencia de que no haya mujeres en la Cámara Federal».
El factor Irurzun y el decreto de celeridad
La estrategia de Milei para «controlar la Cámara Federal» no se agota en los pliegos enviados. El Gobierno apuesta a capturar una tercera vacante ante la inminente jubilación de Martín Irurzun, quien cumple 75 años el próximo 18 de julio. Aunque Irurzun ha intentado mediante cautelares evitar el límite de edad constitucional, sus reclamos han sido rechazados sistemáticamente en instancias inferiores.
Para aceitar estos nombramientos, Milei firmó el decreto 467/2026, una herramienta normativa que «reduce la participación ciudadana en la selección de los magistrados y acorta los tiempos para el Poder Ejecutivo». Esta aceleración en el nombramiento de jueces —con 70 designaciones en apenas un mes— sugiere una urgencia por establecer un blindaje judicial antes de que las causas sensibles que afectan a la gestión avancen en los juzgados de primera instancia.
Implicancias políticas y el rol del Senado
La concreción de este plan depende ahora de la Cámara Alta, donde el oficialismo deberá negociar los votos necesarios. Como señalan algunos analistas y usuarios del ámbito político, «Milei no puede nombrar ningún juez si no hay votos del peronismo», lo que traslada la responsabilidad de la configuración futura de Comodoro Py a la oposición parlamentaria.
La renovación de la mitad del tribunal de apelaciones más importante del país bajo estas condiciones plantea un escenario de debilidad institucional, donde la cercanía política y la velocidad administrativa parecen primar sobre la excelencia académica y la paridad de género en el Poder Judicial.
