A medio siglo del terrorismo de Estado: la justicia ante el desafío de las domiciliarias y el negacionismo
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el proceso de justicia en Argentina muestra signos contradictorios: un acumulado histórico de sentencias frente a una realidad de detenciones que se desplaza fuera de los establecimientos carcelarios. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado por Fiscales.gob.ar, desde la reapertura de los juicios en 2006 se han dictado 361 sentencias en las que «1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad» y 250 resultaron absueltas.
El retroceso de la cárcel común y la brecha de libertad
A pesar del volumen de condenas, el informe técnico advierte sobre un fenómeno creciente que altera la percepción de justicia efectiva: la desprisionización de los genocidas. En la actualidad, de las 504 personas detenidas por estos crímenes, «425 se encuentran en prisión domiciliaria», lo que representa que más del 80 por ciento de los represores cumple su pena en sus hogares. Esta tendencia ha generado que, en 2026, la diferencia entre las personas investigadas que permanecen en libertad (1.582) y las detenidas alcance su máximo histórico desde que se inició el registro en 2015.
Este escenario se agrava con la persistencia de 33 prófugos y una etapa de instrucción que aún mantiene 282 causas en trámite. La fiscal federal María Ángeles Ramos sostiene la importancia de estas estadísticas en un contexto donde, según los datos oficiales, existen «517 personas imputadas por fiscales que aún no han sido intimadas» en las investigaciones preliminares. La lentitud en estas etapas pone en riesgo la posibilidad de alcanzar sentencias firmes debido a la avanzada edad de los imputados.
La respuesta social frente al avance del discurso negacionista
El contexto político añade una capa de tensión a la conmemoración, marcada por lo que los organismos de derechos humanos definen como una ofensiva ideológica del Ejecutivo nacional. Según una nota publicada por teleSUR (autoría de teleSUR-alr – RP), la movilización de este martes hacia la Plaza de Mayo será histórica porque, por primera vez en años, las dos grandes vertientes del movimiento de derechos humanos confluirán en una sola columna para repudiar «los discursos negacionistas del Gobierno de Javier Milei».
La consigna unificada bajo el lema “Que digan dónde están” interpela directamente al «pacto de silencio» que mantienen los exmilitares. Mientras el Gobierno nacional profundiza políticas de ajuste y discursos que relativizan el terrorismo de Estado, la sociedad civil responde con actos masivos no solo en la Capital Federal, sino también en ciudades como Rosario, Córdoba y Bariloche. En Córdoba, recientemente se confirmaron hallazgos que reabren heridas abiertas: se encontraron «12 cuerpos de víctimas de la dictadura militar» en una fosa común en el ex centro clandestino «La Perla».
Implicancias territoriales y políticas
La declaración de 2026 como el «Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia» en diversas provincias argentinas subraya una fragmentación federal frente a la postura de la Casa Rosada. La marcha de este 24 de marzo no se limita a un ejercicio de memoria histórica, sino que se perfila como una «contundente señal política de resistencia social» ante un modelo que los organismos denuncian como regresivo en materia de derechos fundamentales. A medio siglo del inicio de la dictadura, el consenso del «Nunca Más» se pone a prueba frente a una justicia que, aunque activa, parece ceder espacio ante las paredes de las prisiones domiciliarias.
