La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán solicitó la declaración indagatoria de 49 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 581 víctimas durante el Operativo Independencia. Es el tramo con mayor volumen procesal investigado en la jurisdicción.
La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán solicitaron la declaración indagatoria de 49 personas por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos contra 581 víctimas, en el marco de la megacausa conocida como Operativo Independencia III.
El requerimiento fue presentado el 29 de diciembre pasado por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit. Según la acusación, los hechos investigados formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tucumana, desplegado entre el 5 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976.
El mayor universo procesal en la jurisdicción
Esta tercera acusación vinculada al Operativo Independencia se convirtió en el tramo con mayor volumen procesal tramitado hasta el momento en la jurisdicción. En esta etapa se investigan los hechos sufridos por 581 víctimas, lo que amplía de manera significativa el alcance de las investigaciones anteriores.
Los dos tramos previos fueron juzgados en debates orales desarrollados entre 2016 y 2020. Ahora, el Ministerio Público Fiscal profundiza la pesquisa sobre nuevas responsabilidades y estructuras de actuación.
Quiénes son los imputados
La acción penal alcanza a exintegrantes del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina y de la policía de la provincia de Tucumán. También incluye a un exintegrante del Poder Judicial Federal y a un civil.
Del total de acusados, 23 son imputados por primera vez en causas por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figuran exmiembros de la Policía Federal que se desempeñaban en el centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación Tucumán de esa fuerza, así como exagentes del Destacamento de Inteligencia 142 y de distintos regimientos de infantería.
Además, el Ministerio Público Fiscal imputó al exjuez federal Manlio Torcuato Martínez por delitos vinculados al ejercicio de su función. La acusación sostiene que habría utilizado su cargo para colaborar con el plan criminal y con los hechos investigados.
Las víctimas y los delitos investigados
La mayoría de las víctimas fue secuestrada en el interior de la provincia, especialmente en la zona sudoeste de Tucumán, considerada el epicentro del operativo. De las 581 personas incluidas en este tramo, 50 continúan desaparecidas.
Cuatro víctimas fueron asesinadas y otras nueve fueron identificadas en fosas de inhumación clandestinas. La investigación también abordó de manera específica las violencias sexuales padecidas, principalmente por mujeres y niñas.
En ese sentido, se documentaron hechos que afectaron a 32 niñas y adolescentes, así como a 67 menores de 18 años. Dos de ellos nacieron durante el cautiverio de sus madres, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de opositores políticos.
El trabajo de la Fiscalía
La investigación fue llevada adelante por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación del fiscal Camuña. Intervinieron además la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, el secretario Patricio Agustín Rovira y el equipo especializado de esa unidad.
De acuerdo con la pieza acusatoria, los delitos se enmarcan en un plan criminal ejecutado por fuerzas armadas y de seguridad, con apoyo de sectores civiles. La acusación sostiene que el despliegue represivo contó con tolerancia o consentimiento del gobierno constitucional vigente al momento de los hechos.
Con este pedido de indagatorias, la Fiscalía busca avanzar en la determinación de responsabilidades penales en una de las investigaciones más extensas y complejas sobre crímenes de lesa humanidad en la provincia de Tucumán.
