Un informe del Observatorio de Tierras advierte que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras. Especialistas alertan sobre cambios legislativos que podrían profundizar la pérdida de soberanía territorial.
Un relevamiento reciente del Observatorio de Tierras encendió las alarmas al revelar que 13 millones de hectáreas en Argentina ya se encuentran en manos extranjeras. El dato surge en un contexto de creciente presión geopolítica sobre la región y de iniciativas oficiales orientadas a modificar normativas clave.
La advertencia se produce mientras el Gobierno impulsa cambios en la Ley de Tierras, junto con reformas en la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares. Según especialistas, estas modificaciones podrían habilitar actividades productivas en zonas sensibles, incluso en áreas afectadas por incendios.
Recursos estratégicos bajo la lupa
El informe del Observatorio advierte que la extranjerización no solo implica la venta de tierras, sino también la cesión indirecta de recursos estratégicos. Entre ellos, se destacan el acceso al agua dulce, los minerales y territorios clave para la soberanía ambiental.
En este escenario, el control extranjero sobre grandes extensiones del territorio genera preocupación por el impacto a largo plazo. Además, se alerta sobre la falta de mecanismos efectivos de control estatal frente al avance de intereses económicos internacionales.
Advertencias desde el ámbito académico
La socióloga Julieta Caggiano, becaria doctoral del CONICET, se refirió al tema durante una entrevista en el programa #LaMañana, emitido por AM 750. Allí señaló que las reformas impulsadas forman parte de un mismo paquete legislativo.
“El paquete es intentar derogar la Ley de Tierras, junto a la del Manejo del Fuego y modificar la Ley de Glaciares”, explicó Caggiano. Según sostuvo, estas iniciativas podrían profundizar un proceso de entrega sistemática del territorio nacional.
Un debate que vuelve a instalarse
Desde distintos sectores académicos y sociales remarcan que la discusión sobre la tierra no es nueva. Sin embargo, el actual contexto político y económico le otorga una dimensión renovada y urgente.
Por eso, advierten que el debate debe incluir no solo la propiedad de la tierra, sino también el modelo de desarrollo, el cuidado ambiental y la defensa de la soberanía sobre bienes comunes esenciales.
