La historiografía oficial suele presentar la declaración del 9 de julio de 1816 como un acto de consenso romántico. Sin embargo, los documentos del Congreso de Tucumán exponen una realidad atravesada por la urgencia militar, la fragmentación territorial y un debate geopolítico que hoy resultaría disruptivo: la posibilidad de que la actual Argentina naciera como una monarquía constitucional bajo el mando de un descendiente de los Incas.
La presión de las bayonetas y el clima europeo
El Congreso no sesionó en un vacío. Manuel Belgrano, recién llegado de Europa, informó en sesión secreta el 6 de julio que el clima mundial había cambiado: tras la caída de Napoleón, las ideas republicanas estaban en declive y la tendencia era «monarquizarlo todo«.
Esta urgencia política se sumaba a la presión de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, quienes exigían una definición legal para dar legitimidad a la guerra contra los realistas. Según registros de la UNCUYO, el Congreso se instaló en Tucumán justamente por el rechazo de las provincias del interior al centralismo de Buenos Aires. Aun así, la unidad fue parcial: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental no enviaron diputados por profundas diferencias políticas con el mando porteño.
El Rey Inca: ¿Un proyecto de unidad regional?
En este contexto, Belgrano propuso una «monarquía temperada«, restituyendo el trono a la dinastía de los Incas con capital en el Cuzco. El historiador Felipe Pigna, citando a José María Rosa en el portal El Historiador, señala que esta idea buscaba atraer a las poblaciones indígenas y dotar de legitimidad histórica al nuevo Estado frente a la Santa Alianza europea.
La propuesta tuvo un apoyo mayoritario inicial, incluyendo a los diputados de Catamarca y San Juan. No obstante, el proyecto naufragó por el racismo y el prejuicio de la élite porteña. Tomás Manuel de Anchorena fue uno de los principales opositores, argumentando que una monarquía no sería aceptada en las llanuras de «hábitos populares» y burlándose del «rey de patas sucias» que vendría del altiplano.
La sesión secreta y el agregado del 19 de julio
Un dato que suele omitirse es que el Acta de la Independencia que hoy conocemos no es exactamente la que se firmó el 9 de julio. Diez días después, el 19 de julio de 1816, el Congreso celebró una sesión secreta por pedido del diputado Medrano.
El objetivo era disipar los rumores de que el Directorio planeaba entregar las Provincias Unidas a Portugal o Inglaterra para obtener protección. En esa sesión, se modificó el acta original —que solo mencionaba la ruptura con los reyes de España— para añadir la frase: «y de toda otra dominación extranjera«. Este agregado no fue un adorno retórico, sino una maniobra de supervivencia soberana ante las negociaciones ocultas que algunos sectores mantenían con potencias europeas.
Finalmente, aunque el nombre que figura en el documento original es «Provincias Unidas de Sud-América«, la posteridad y documentos institucionales posteriores, como los recopilados por la Facultad de Filosofía y Letras en 1912, terminaron consolidando el hecho como la fundación de la República Argentina. Lo que los documentos de 1816 demuestran es que la independencia fue, más que un festejo, una tensa negociación para evitar que la revolución terminara en una nueva forma de coloniaje.
