El equipo jurídico de Evo Morales afirma que el Gobierno de facto instalado ha violado las normas elementales de la coexistencia jurídica internacional.
El presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, presentó este jueves al equipo de profesionales que lo asesorará en materia jurídica, y que pudiera asumir su defensa luego de las acusaciones legales en su contra.
Los abogados Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra integrarán el equipo jurídico que asumirá las acciones legales de defensa y asesoría del mandatario boliviano ante los ataques del Gobierno de facto que se impuso luego del golpe de Estado contra Evo Morales el pasado 10 de noviembre.
Los juristas afirman que el Gobierno de facto boliviano se ha salido del sistema jurídico mundial al violar las normas elementales del derecho internacional al hostigar embajadas.
Zaffaroni aclaró que hasta el momento no manejan ninguna solicitud de extradición contra el mandatario boliviano, y que solo conocen de órdenes de detención emanada por fiscales por el delito de sedición, cuya naturaleza política no permite que se solicite extradición.
Durante la presentación, Morales afirmó que las acusaciones de sedición son por denunciar el golpismo y los abusos del Gobierno de facto, “el que protesta contra el gobierno de facto es sedicioso”, afirmó el mandatario.
La situación de Bolivia no tiene precedentes
Para el equipo jurídico, Bolivia no es un Estado constitucional, pues no existe la fuerza regulada, hasta el momento se desconoce si la autoridad de facto domina el aparato de administración y del territorio por lo que su Gobierno radica en el uso de la fuerza bruta, una situación inédita en la región .
Según los asesores, la autoridad competente, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, no ha aceptado ni rechazado la renuncia del presidente Evo Morales, por lo tanto, constitucionalmente, Morales sigue siendo el presidente del Estado Plurinacional.
Alertaron además de que en enero termina el mandato de Evo Morales y también de la Asamblea Nacional de ese país y en esa situación habrá una situación de acefalía absoluta.
En ese escenario debería asumir la presidencia la autoridad constitucionalmente constituida y convocar de inmediato a elecciones, en este caso, el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia y cualquier petición de extender el mandato de las autoridades de facto seguirá la línea de la imposición de la fuerza.
