Apenas seis meses después de haber asumido la presidencia con la promesa de instalar un modelo de “capitalismo para todos”, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta un escenario de ingobernabilidad que amenaza con poner fin prematuro a su mandato.
Lo que comenzó como un reclamo sectorial por aumentos salariales ha derivado en una movilización nacional de mineros, campesinos y obreros que hoy exigen su renuncia inmediata en las rutas de todo el país.
SE RE PUDRIO EN BOLIVIA
Evo morales no quiere caer preso por su red de trata infantil
Y mando a todos los indígenas a cortar las rutas del pais y matar a todos de hambre (ellos incluidos)
Ahora Argentina, chile y otros paises van a mandar comida
Hay que probar los F-16 pic.twitter.com/SObzDRvr4h
— ElBuni (@therealbuni) May 16, 2026
El fin del ciclo y el choque de modelos
Rodrigo Paz Pereira llegó al poder en noviembre de 2025 tras un balotaje que cerró dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).
Su gestión marcó un cambio de rumbo radical hacia la centroderecha, caracterizado por la eliminación de subsidios a los combustibles y un discurso orientado a la atracción de inversión extranjera mediante una reforma de la Constitución.
Sin embargo, este giro neoliberal ha chocado frontalmente con la realidad económica de las bases. El país registra hoy una inflación cercana al 20% anual, la cifra más alta en décadas, acompañada por una severa escasez de dólares y combustibles.
Para los sectores populares agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB), las medidas de «salvataje» de Paz no son más que un plan para privatizar recursos estratégicos y servicios básicos que la actual Carta Magna define como derechos humanos.
«Renuncia o lo echamos a patadas»: mineros protestan contra el Gobierno de Bolivia
Miles de mineros salieron a las calles de La Paz para protestar contra las medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz. Desde la Central Obrera Boliviana pidieron la renuncia del presidente.… pic.twitter.com/wBNLwiNhNf
— DW Español (@dw_espanol) May 15, 2026
«Gasolina basura» y desabastecimiento: El detonante
La crisis energética se ha convertido en el principal símbolo del desgaste oficial. Sindicatos de transportistas y sectores rurales denuncian la distribución de «gasolina basura» (combustible contaminado o de baja calidad) que habría dañado los motores de casi un millón de vehículos.
Mientras el Gobierno mantiene hermetismo sobre los estándares del producto y evita controles independientes, las filas en las estaciones de servicio se multiplican y el costo de vida se dispara.
Como respuesta, la fuerza obrera y campesina mantiene paralizados los principales accesos viales, especialmente en el departamento de La Paz.
El impacto es crítico: el 80% de las estaciones de servicio en la capital han cerrado y productos básicos como la carne y el pollo han desaparecido de los mercados.
Las pérdidas económicas se estiman en más de 50 millones de dólares diarios, en un país que se encamina a una recesión por la caída de los ingresos del gas y la falta de inversión.
Judicialización y fractura política
El escenario de confrontación en las calles se espeja en una arena política marcada por el uso del sistema judicial contra la oposición masista. El expresidente Luis Arce permanece detenido desde diciembre de 2025, declarándose un «preso político» y denunciando torturas psicológicas bajo la administración de Paz.
Por otro lado, la justicia ha ordenado la captura de Evo Morales tras declararlo en rebeldía en un juicio por presunta trata de personas.
Morales, quien lidera la denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia” desde el altiplano, sostiene que es víctima de un nuevo «Plan Cóndor» ejecutado por jueces y fiscales.
Sus seguidores han advertido que el país «convulsionará» si el líder cocalero es detenido, mientras denuncian la «Operación Gema», un presunto plan militar para capturarlo o asesinarlo en su bastión del Trópico de Cochabamba.
El factor externo: DEA y el auxilio de Milei
En el plano geopolítico, el gobierno de Paz ha marcado un quiebre al permitir el regreso de la DEA para tareas de inteligencia criminal, tras 18 años de su expulsión por parte de Morales.
Este retorno es visto por los movimientos sociales como una cesión de soberanía y una herramienta de represión política.
Ante el cerco logístico que sufren las ciudades, el Ejecutivo boliviano ha recurrido al apoyo del gobierno argentino. El presidente Javier Milei dispuso el envío de dos aviones Hércules para realizar puentes aéreos y transportar alimentos, un gesto que Paz agradeció como un «alivio vital».
Milei, por su parte, respaldó a Paz frente a lo que calificó como intentos de «desestabilizar» el camino del progreso.
Pese a los 57 detenidos en recientes operativos policial-militares y la presión de la COB que ya plantea el desconocimiento del mandatario, el Palacio Quemado sostiene que Paz «no va a renunciar».
Sin embargo, con las rutas bloqueadas y una legitimidad en declive, el modelo de «capitalismo para todos» parece naufragar antes de haber logrado zarpar.
