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«El cuerpo de las mujeres ha sido y sigue siendo un botín de guerra», denuncia socióloga colombiana

En Colombia, desde el inicio del estallido social, las fuerzas de seguridad tomaron «el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y la violencia hacia ellas se agravó», denunció la periodista y activista feminista, Fabiola Calvo Ocampo en una entrevista con Télam.

Por Florencia Fazio

Desde el inicio del estallido social, las fuerzas de seguridad colombianas tomaron «el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y la violencia hacia ellas se agravó», denunció la socióloga, periodista y activista feminista, Fabiola Calvo Ocampo en una entrevista con Télam.

Integrante del Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Calvo Ocampo es hermana de Jairo de Jesús, que fue comandante general del Ejército Popular de Liberación (EPL) y uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional Guerrillera, y de Oscar William, que dirigió el periódico Unión, lideró la Unión Democrática Revolucionaria y propuso la reforma constitucional tras firmar en 1984 las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur.

A Oscar lo asesinaron en 1985, meses después mataron a su otro hermano Héctor solo por ser familia, y en 1987 a Jairo.

En medio del Proceso de Paz, ella debió exiliarse en Madrid, donde vivió por 20 años, hasta que regresó a Colombia en 2007, nueve años antes de que se firmara el Acuerdo de Paz que inauguró el actual proceso de reinserción de miles de combatientes y dirigentes de las ahora exFARC.

Ocampo inició su militancia política y la lucha por los derechos de las mujeres al mismo tiempo, aunque aseguró que, por entonces, no había asumido el feminismo. Fue durante su exilio que comenzó un proceso de toma de conciencia.

-Télam: ¿Qué balance hace de la situación actual de Colombia?

-Fabiola Calvo Ocampo: Ni siquiera el paro de 1977, que tenemos en la memoria inmediata y en el que también hubo militarización y enfrentamientos, se compara con lo que pasa en este momento. La reforma tributaria se sumó a un año de encierro, con 23% de desempleo y 21 millones de personas en condiciones de pobreza y rebasó la paciencia. Son insostenibles las situaciones de salud, educación sin financiación y jóvenes de los sectores populares sin futuro. Pero no se puede hacer una lectura de un estallido social sin ver antecedentes.

El Gobierno y el Estado responden de la misma manera militarista que lo hicieron décadas anteriores. En el día hay movilizaciones y la gente está, pero por la noche el ejército arremete contra la juventud, que es la que fundamentalmente pone el pecho. Entre el 28 de abril, que comenzó el paro, y el 20 de mayo de 2021, la fundación para la Libertad de Prensa registró 176 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, y 27 fueron contra mujeres. La Defensoría del Pueblo, hasta el 14 de mayo, 87 casos de violencia de género, 79 mujeres y ocho personas de la población LGBTIQ+ y dos fueron de violencia sexual. Sin embargo, la ONG Temblores hasta hace unos tres o cuatro días había reportado 18 casos de violencia sexual.

– T:¿Cómo se abordan las denuncias de abuso?

– FCO: Colombia es un país con un largo conflicto armado y el cuerpo de las mujeres ha sido y sigue siendo un botín de guerra. La Corte Constitucional se expidió en 2006 sobre el estado de inconstitucionalidad de cosas respecto de las mujeres y pidió una investigación sobre 180 casos que no se hizo. Ahora, el instituto de Medicina Legal dice que la violencia sexual y de género a mano de la fuerza pública fue de 132 casos entre 2017 y 2020. Es preocupante que del 28 de abril al 28 de mayo se den 18 casos. En Cali, muchas mujeres empezaron a denunciar agresiones por parte de la policía en los últimos días, por lo que estimo que se superó la cifra de abusos con creces. Generalmente se presenta un registro bajo porque hay miedo y no todas las mujeres denuncian. Muchas contaron en redes sociales que hay sitios por donde no caminan, salen en grupo y que otras dejaron de salir. El cuerpo de las mujeres sigue siendo visto como un trofeo, como una manera de amedrentar.

– T: ¿Qué análisis hace de la resistencia que se genera en torno a los derechos de las mujeres?

– FCO: Tenemos cifras muy altas respecto de la violencia contra las mujeres, de cualquier estrato social. Los gobiernos, y de manera específica este, han buscado ahogar los derechos de las mujeres quitando presupuesto. Para sumar, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría no tienen autonomía y nunca había pasado que un Gobierno no autorizara la presencia de un organismo internacional. Están esperando poner la casa en orden y tapar lo que se hizo. Hay que recordar que en la consulta por los acuerdos de Paz, el partido político Centro Democrático (del presidente Iván Duque) se opuso y ganó. Decía que en los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC había una ideología de género. Hicieron publicidad engañosa contra los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+. Sin embargo, también hay un movimiento grande que trabaja desde diferentes miradas por los derechos de las mujeres y, en este momento, por las que están en primera línea defendiendo a sus hijas e hijos.

– T:¿Qué se espera después de este gran estallido social?

– FCO: Fundamentalmente diálogo. Se necesita una nueva mirada de los gobernantes. Este movimiento social dijo que no quiere seguir siendo una juventud sin futuro, está exigiendo como nunca antes lo había hecho y necesitará nuevas formas organizativas porque los partidos políticos no jugaron un papel en este proceso. Se necesita que definitivamente se le devuelva la soberanía al pueblo.

El estallido social en Colombia y su origen en los acuerdos de 1984

La ausencia de una reforma agraria en Colombia es uno de los denominadores comunes que marca una relación de continuidad entre las demandas de los grupos guerrilleros de la década del 80 y los pedidos actuales de la sociedad, según consideró la doctora en Ciencias Políticas y Sociología, periodista y activista feminista, Fabiola Calvo Ocampo.

En una entrevista con Télam, la escritora consideró necesario hacer un paralelismo entre ambas épocas y referirse a los acuerdos de paz y negociaciones que existieron desde 1982 entre los diferentes Gobiernos de Colombia y organizaciones guerrilleras, cuyas propuestas políticas fueron cambiando de acuerdo a las circunstancias del país.

El escenario se complejiza un poco más si se suma el elemento del narcotráfico, que atraviesa todo el país y que permeó tanto al Estado como a los distintos sectores de la sociedad, incluidos los grupos armados irregulares.

«En la década del 80 estaban todavía muy claros los contendientes: por un lado estaba el Estado y por otro, el movimiento guerrillero», puntualizó Ocampo y aclaró hoy que el entramado es más complejo.

Del proceso de paz de los 80, la socióloga recordó dos elementos: «De las negociaciones en 1984 con las organizaciones Movimiento 19 de abril (M19), el Partido Comunista Marxista Leninista, el EPL (Ejército Nacional de la Liberación), el Movimiento de Autodefensa Obrera y las FARC, se destaca el reconocimiento como fuerza beligerante y la creación por parte de las FARC del partido la Unión Patriótica, para ver qué pasaba y si salíamos o no de la legalidad.»

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional creada por el acuerdo de paz de 2016, reconoció que la Unión Patriótica sufrió una intensa persecución entre las décadas de 1980 y 1990, con más de 4.000 de sus miembros asesinados, entre los que hubo dos candidatos a la Presidencia.

«Por otro lado, los aspectos fundamentales que dejaron los acuerdos de 1984 tienen que ver con el pedido del M19 de un gran diálogo nacional de todas las fuerzas. Si bien se crearon mesas, no tuvieron capacidad de decisión», agregó y recordó, en ese mismo sentido «la propuesta del EPL de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, devolverle la soberanía al pueblo y hacer un cambio del contrato social».

Según la activista, el acuerdo de paz alcanzado en 2016 tras una dilatada negociación entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC no fue disruptivo.

«Lo que hay ahí no es nada nuevo. Se hizo una profundización de la Constitución de 1991, pero la gran deuda sigue siendo la reforma agraria, que es el primer punto del acuerdo de paz y que el Gobierno, teniendo en cuenta que su máximo líder es el dueño de casi todo el departamento de Córdoba, quiere hacer trizas», alertó la activista.

A modo de conclusión, la socióloga resumió: «El acuerdo empieza en la década del 80, lleva décadas hasta cristalizarse en acuerdos con las FARC, que el Gobierno no ha puesto en práctica, y tampoco ha atendido a los llamados de la comunidad internacional. Eso ha contribuido a la crisis en Colombia y al estallido social».

Videos amateurs y redes sociales para combatir al bloqueo mediático en Colombia

La escasa trascendencia que tuvo inicialmente la noticia del suicidio de una adolescente de 17 años tras denunciar por redes sociales que había sido abusada por integrantes de la fuerza de seguridad de Colombia alimentó las advertencias de defensores de derechos humanos y manifestantes sobre un creciente bloqueo mediático.

«La mayoría de los grandes medios de comunicación no está dando la información que corresponde al periodismo. Muestra una esquina, una fotografía, un incendio, hacen mucho eco al vandalismo pero no del movimiento social ni de lo que está haciendo en este momento la fuerza pública, ni de la militarización de la que está siendo objeto el país», alertó la doctora en Ciencias Políticas y Sociología, periodista y activista feminista, Fabiola Calvo Ocampo, en una entrevista con Télam.

«Como ha sucedido en otras décadas, se han sumado a las élites. No contamos con grandes medios que den la información. Dan una serie de datos aislados de contexto, y ya sabemos que cuando hay mucha información sin contexto lo que se da es desinformación», concluyó la socióloga.

En este contexto, los videos que registran los manifestantes y que luego publican en redes sociales están adquiriendo un doble valor: funcionan, por un lado, como fuente y puente de información de hechos que no se publican en grandes medios de comunicación, y, por otro, como instrumentos de denuncia frente al avasallamiento de los derechos humanos.

Como ejemplo ,Ocampo puso el caso de una adolescente que denunció un abuso sexual cuando fue detenida al margen de una protesta y que luego se suicidó, desatando una nueva ola de manifestaciones en su ciudad y el país.

«Muchas organizaciones de mujeres y las mismas organizaciones sociales están atendiendo los casos de abuso sexual. Un caso muy grave fue el de una niña menor de edad que se suicidó un día después de denunciar que había sido abusada por la fuerza de seguridad», recordó.

El caso de la joven de Popayán

El 12 de mayo pasado, en medio de manifestaciones en el barrio La Esmeralda, de Popayán, al sur de Cali, Alison Salazar fue arrestada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y llevada por la fuerza cerca de las 21 a la sede de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

«¿Les tocó cogerme entre 4 no Hijueputas? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban quitando el pantalón», publicó tras quedar en libertad la joven en su cuenta de Facebook.

Según contó la adolescente, la Policía la liberó cuando reconoció por su identificación que era hija de un excomisario. Al día siguiente, el 13 de mayo, Alison se quitó la vida.

Su caso recién se hizo conocido en Colombia y el mundo cuando el video de su denuncia se viralizó en las redes y cuando miles de personas volvieron a las calles para reclamar justicia. Aún así, solo fue una noticia secundaria en los grandes medios del país.

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