A una década de la detención de Milagro Sala en Jujuy, su caso continúa siendo uno de los ejemplos más emblemáticos de persecución judicial contra dirigentes sociales en Argentina, con impacto en los derechos humanos y la democracia.
Este 16 de enero se cumplen diez años de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy. La dirigente social fue arrestada en 2016 tras encabezar un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial, pocos días después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador.
Desde entonces, Sala permanece privada de su libertad bajo distintas modalidades: en unidades penitenciarias, con prisión domiciliaria y, actualmente, internada en el Hospital de Gonnet, en la provincia de Buenos Aires, con una tobillera electrónica. El paso del tiempo no cerró su situación judicial. Por el contrario, se acumularon más de 15 causas, que impidieron su liberación efectiva.
La información fue reconstruida a partir de testimonios publicados por el diario Página/12, medio que siguió el caso desde sus inicios y recogió declaraciones de familiares, profesionales de la salud y organismos de derechos humanos.
Un entramado judicial que no se detuvo
A lo largo de estos diez años, la dirigente de la Tupac Amaru enfrentó múltiples procesos judiciales. Entre ellos, una condena de 15 años de prisión efectiva, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa conocida como “Pibes Villeros”, por los delitos de extorsión, fraude y asociación ilícita, vinculados a la construcción de viviendas sociales.
La defensa denunció reiteradas irregularidades, recusaciones rechazadas y un uso político del Poder Judicial. A esa causa se sumaron otras, como una condena por amenazas telefónicas y un expediente por presunto lavado de activos, lo que configuró, según su entorno, una persecución judicial sistemática.
Su hija Claudia relató el impacto emocional del encierro prolongado: “A veces no quiere vivir más porque está cansada de tanto apriete”. Las declaraciones fueron publicadas en el sitio del diario porteño, que también entrevistó al médico personal de Sala.
Salud, dolor y hostigamiento persistente
Desde hace más de dos semanas, Milagro Sala permanece internada en el Hospital de Gonnet. Su médico personal, Jorge Rachid, explicó que atraviesa un cuadro de fuerte angustia, agravado por una trombosis profunda y el síndrome de May-Thurne, lo que requiere controles médicos permanentes.
Además, Rachid denunció presiones judiciales mientras la dirigente se encuentra hospitalizada. Según detalló, fiscales jujeños intentaron avanzar con nuevas causas sin autorización del juez interviniente en La Plata, lo que profundizó su desestabilización emocional.
La abogada defensora Alejandra Cejas definió la situación como una “judicialización del cuerpo”. En declaraciones al mismo medio, afirmó que se desconoce de manera sistemática la condición de salud de su defendida y se insiste en su traslado a Jujuy pese a los informes médicos.
Derechos humanos y memoria colectiva
El caso de Milagro Sala trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un símbolo de persecución política. Organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la OEA reclamaron en distintas oportunidades su liberación inmediata.
Desde la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), su secretaria general María Elena Naddeo sostuvo que lo ocurrido en Jujuy funcionó como un “laboratorio” para disciplinar a organizaciones sociales. La dirigente lo expresó en declaraciones públicas difundidas por Página/12.
Días atrás, referentes como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida firmaron una solicitada en la que calificaron el encarcelamiento de Sala como uno de los casos más emblemáticos de violencia judicial en democracia. A diez años de aquella detención, el reclamo persiste y la pregunta sigue abierta: cómo se repara una década de encierro injusto.
