El Gobierno profundiza la desregulación sanitaria: elimina controles técnicos y deroga normas históricas del SENASA
En una nueva avanzada del plan de reforma estatal, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó este martes una profunda reestructuración de su marco normativo. A través de las Resoluciones 591/2026 y 592/2026, el organismo no solo barrió con decenas de reglamentaciones vigentes desde 1964, sino que eliminó la obligatoriedad de contar con un Director Técnico en las plantas que industrializan productos de origen animal.
Esta medida se inscribe en el despliegue de la Ley de Bases N° 27.742 y el DNU 70/2023, instrumentos que el Ejecutivo utiliza para justificar la eliminación de lo que denomina «cargas innecesarias» para el sector privado. La decisión, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, marca un hito en la transferencia de responsabilidades del Estado hacia los operadores de la cadena alimentaria.
El paso del control oficial al «autocontrol» privado
La Resolución 592/2026 introduce el cambio más polémico al derogar los apartados del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal que exigían la figura de un Director Técnico en los establecimientos. Según los considerandos de la norma, la modernización de los procesos de fiscalización torna «innecesaria» la permanencia de esta figura técnica obligatoria.
El argumento oficial sostiene que las garantías de inocuidad deben descansar ahora en un «sistema de autocontrol» por parte de las empresas y en la «responsabilidad primaria e ineludible» de los actores privados. De este modo, el Estado Nacional abandona una instancia de supervisión técnica presencial obligatoria, asumiendo que los avances tecnológicos permiten que la industria se regule a sí misma bajo la vigilancia de un sistema oficial que opera de forma más distante.
Sesenta años de regulaciones barridas en una «limpieza» administrativa
Por otro lado, la Resolución 591/2026 ejecuta una «limpieza» del inventario normativo, abrogando decenas de disposiciones que el organismo califica como «obsoletas». El listado incluye normas que datan de 1964, abarcando desde tratamientos para semillas hasta certificaciones fitosanitarias que, a criterio de la actual gestión, «distorsionaban los precios de mercado» e «impedían la libre iniciativa privada».
Esta simplificación normativa se presenta bajo la premisa de mejorar la competitividad de los sectores productivos involucrados. Sin embargo, la profundidad del recorte normativo genera interrogantes sobre los márgenes de seguridad jurídica y sanitaria, en un contexto donde se prioriza la «libertad económica» sobre los andamiajes regulatorios construidos durante las últimas seis décadas.
Implicancias de un nuevo paradigma sanitario
La medida del SENASA no es un hecho aislado, sino una pieza clave en el Plan de Modernización del Estado. Al amparo de la Ley 27.233, que ya establecía la responsabilidad de los productores en la sanidad, el Gobierno ahora fuerza el límite de esa autonomía empresarial.
El impacto de estas resoluciones se sentirá directamente en la cadena cárnica y agroalimentaria federal. Mientras los sectores exportadores podrían ver una reducción en costos operativos, la sociedad civil y los organismos de defensa del consumidor deberán observar de cerca si el retiro de estas exigencias técnicas debilita los estándares de inocuidad en el mercado interno. La apuesta del Gobierno es clara: un Estado que audita resultados pero que se desentiende de los procesos técnicos intermedios, dejando en manos de los frigoríficos la garantía final de lo que llega a la mesa de los argentinos.
