En el marco de las manifestaciones de opositores a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el lanzamiento de bombas lacrimógenas contra ciudadanos en la localidad de Juli, en el departamento de Puno.
«La Policía Nacional del Perú sigue usando armas letales y lanza gases lacrimógenos en Puno, ahora contra manifestantes en Juli», denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Además, compartió un comunicado del Ministerio de Salud que reporta un saldo de cinco personas lesionadas por los actos represivos, las cuales fueron trasladadas al Hospital Rafael Ortiz Ravines, de la ciudad de Juli, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital departamental, Puno, en el borde del lago Titicaca, compartido entre Perú y Bolivia.
Entre los heridos reportados por la autoridad sanitaria figura un adulto de 73 años, Sabino Fernández, y una mujer de 62 años, Julia Mamani Anchapuri. La organización defensora de derechos humanos compartió un video donde se escuchan detonaciones de arma de fuego presuntamente activadas contra la población inconforme con la gestión de Boluarte.
Además, exhibió la imagen de un helicóptero rociando una nube de sustancia lacrimógena contra los manifestantes. Tras el saldo divulgado por la Coordinadora, la Defensoría del Pueblo peruana estimó en 16 los heridos por las jornadas de protesta registradas en Juli, 10 de ellos civiles y seis de las Fuerzas Armadas.
El organismo reportó el incendio de la comisaría de la Policía Nacional, por lo que pidió a la Fiscalía de la Nación investigar los hechos y los orígenes de las lesiones entre los ciudadanos afectados.
Denuncian presencia de radicales
Por su parte, las autoridades anunciaron que antes del mediodía, unos 300 radicales atacaron con piedras, otros objetos contundentes y bombas incendiarias la comisaría distrital, donde se se encontraban 43 efectivos de la Policía Nacional. Como resultado, al menos 27 personas quedaron heridas.
«Productos de este condenable ataque se ha registrado diez policías heridos, quienes fueron evacuados en un helicóptero militar (…) Asimismo, se tiene conocimiento de siete civiles heridos», consta en un comunicado conjunto de los ministerios de Defensa e Interior.
Simultáneamente, añade la nota, otro grupo de radicales atacó la Base Militar de Juli instalada en un hotel, «dejando heridos a otros diez efectivos del Ejército, con cortes en la cabeza, brazos y manos, así como policontusiones».
También hubo un tercer ataque, contra la sede del Poder Judicial. No se registraron víctimas en ese incidente, pero «fueron incendiados vehículos pertenecientes a la comisaría, al personal de la Policía y a la patrulla militar».
El comunicado destaca que la violencia «no tiene justificación alguna, por lo que se han iniciado las investigaciones destinadas a identificar a los responsables y entablar las acciones legales correspondientes».
Perú atraviesa una crisis política desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso determinó la vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo, una medida que ha sido repudiada por miles de peruanos con protestas en diversas partes del país andino.
Los manifestantes exigen no nada más la renuncia de Boluarte, sino también la disolución del Congreso, un adelanto de elecciones presidenciales y el llamado a una asamblea constituyente para sustituir la actual carta magna que rige en el país sudamericano.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del Estado peruano han producido la muerte de 60 personas, casi todas ellas civiles, además de un elemento policiaco, de acuerdo con el recuento que elabora la Defensoría del Pueblo con actualizaciones diarias. Más de 1.300 civiles y más de medio millar de efectivos policiales resultaron heridos desde que estalló la crisis.
Además de los hechos en Juli, el organismo reportó enfrentamientos en la localidad de Chucuito, también en el departamento de Puno, y la capital peruana, Lima.
Fuente: Sputnik Mundo
