El reconocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el impacto de la reforma laboral en una entrevista radial. Advirtió sobre la inminente ola de litigios y el carácter regresivo de las modificaciones propuestas.
El abogado constitucionalista y doctor en derecho, Andrés Gil Domínguez, realizó un duro análisis sobre las modificaciones legales impulsadas por el Gobierno. En una entrevista con Andrea Recupero para el programa LVC en Somos Radio AM 530, el especialista no ahorró críticas hacia el proyecto. Durante la charla, sostuvo que la iniciativa «es una porquería que es un insulto a la inteligencia porque nadie puede creer que con esas reformas los argentinos van a estar mejor«.
Según explicó el jurista, el núcleo del problema reside en la quita de protecciones fundamentales para quienes trabajan. En ese sentido, puntualizó que se trata de una «reforma totalmente regresiva que afecta los derechos de los trabajadores de forma individual«. Para Gil Domínguez, estas normas modifican negativamente la Ley de Contrato de Trabajo «quitándole tutela y protección… a favor del trabajador sin que exista ningún tipo de justificación«.
La judicialización y el rol de las centrales obreras
La entrada en vigencia de la nueva normativa disparará, según el experto, diversos mecanismos de reclamo ante el Poder Judicial. Gil Domínguez anticipó que «una vez que entre en vigencia vamos a ver la judicialización de esta ley en casos individuales», los cuales tramitarán ante las justicias laborales provinciales según el domicilio de la relación laboral. No obstante, también destacó la posibilidad de una respuesta gremial coordinada a través de la Justicia Federal.
Al respecto, el abogado señaló que «tendríamos que ver amparos colectivos presentados por las centrales obreras» que interpongan medidas cautelares contra los artículos modificados. Sin embargo, advirtió sobre un obstáculo reciente: la Corte Suprema resolvió el año pasado que ni el Defensor del Pueblo puede promover juicios colectivos en discusiones de carácter patrimonial. A pesar de esto, consideró que para los gremios el camino judicial es «casi insoslayable» ante una afectación de tal magnitud.
El freno de la irretroactividad y los derechos adquiridos
Uno de los puntos que mayor debate genera es si la reforma afectará a quienes ya tienen empleo hoy. Gil Domínguez fue tajante al citar el artículo 7 del Código Civil y Comercial, el cual establece que las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. En consecuencia, afirmó que «esta ley se va a aplicar solamente a las relaciones laborales que se generen, que se concerten, una vez que la misma ha entrado en vigencia».
Por lo tanto, la protección de un régimen laboral previo frente a uno nuevo que reduce derechos se considera una garantía constitucional. El doctor subrayó que «la mayor protección de un régimen frente a otro régimen que cambia es un derecho adquirido». Además, aclaró que aunque el Gobierno pretendiera una aplicación retroactiva, esto estaría vedado ya que «afecta garantías constitucionales y esto está vedado por el Código Civil y Comercial«.
La falacia de la reducción de litigiosidad
El Gobierno ha argumentado que estos cambios buscan bajar la cantidad de juicios laborales, pero Gil Domínguez disiente profundamente. El especialista sostuvo que «los litigios siempre van a existir cuando existan relaciones laborales y normas que se apliquen«. En su visión, no hay motivos técnicos para pensar que la desprotección disminuirá los reclamos de los trabajadores afectados.
Finalmente, el constitucionalista cuestionó la eficacia de la reforma para generar nuevos puestos de trabajo genuinos. Aseguró que «no se fomenta empleo desprotegiendo a los trabajadores, se fomenta con otro tipo de políticas públicas». Por el contrario, vaticinó que este régimen «va a generar más desocupación y no más empleo«, creando un escenario donde el costo del despido sea mucho más barato para las empresas.
