En el marco de un hermético operativo de seguridad desplegado durante el fin de semana largo, las autoridades nacionales y porteñas concretaron la reubicación de los primeros 326 internos del Complejo Penitenciario CABA. La medida busca avanzar en el cierre definitivo del histórico establecimiento para trasladar la totalidad de la población carcelaria al nuevo penal bonaerense de Marcos Paz.
Sin embargo, la modalidad de la ejecución desató inmediatos reclamos institucionales. Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de política criminal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció la falta total de previsibilidad e información oficial sobre el cronograma de reubicación. La representante remarcó que el procedimiento tomó por sorpresa a las personas privadas de la libertad, sus familiares y los propios jueces naturales de las causas.
Interrupción educativa y afectación de vínculos familiares
Uno de los aspectos más críticos señalados por las organizaciones de control radica en el impacto sobre los programas de rehabilitación. La cárcel de Devoto alberga desde hace décadas al Centro Universitario de Devoto (CUD), donde más de 300 estudiantes cursan carreras dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Pese a existir un compromiso previo para que los alumnos universitarios fueran derivados al Complejo de Ezeiza —donde la UBA sostiene su infraestructura educativa—, parte del estudiantado fue enviado a Marcos Paz. Esta decisión interrumpe la continuidad académica a mitad de cuatrimestre y desconecta a los reclusos de sus redes de contención familiar.
Desarrollo inmobiliario y el colapso en las comisarías
Detrás del histórico proyecto para desactivar la cárcel porteña subyace el destino de un predio de elevado valor en el mercado de bienes raíces. La valiosa parcela deberá pasar por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde el CELS vislumbra un marcado interés comercial e inmobiliario como motor principal del desalojo.
Paralelamente, la medida contrasta con la gravísima crisis edilicia de las comisarías y alcaldías de la Ciudad, que alojan a más de 2.200 detenidos en condiciones inhumanas y de extremo hacinamiento. Desde los organismos advierten que la gestión política optó por priorizar el negocio sobre la urgencia humanitaria que se vive en las celdas policiales.
El impacto institucional en el mapa penitenciario federal
La problemática excede el ámbito de la Capital Federal e impacta directamente en el equilibrio institucional con las provincias. El traspaso masivo de reclusos hacia la Provincia de Buenos Aires tensiona el sistema de seguridad regional y reabre el debate sobre el uso eficiente de las partidas del Servicio Penitenciario Federal.
Asimismo, el traslado se produce a las puertas de la eventual visita del Papa Francisco a la Argentina, en cuya agenda figuraba un recorrido por el penal de Devoto. Pese a la abrupta mudanza de internos, un contingente permanecería en la dependencia porteña para recibir al Santo Padre, evidenciando las imprecisiones de una política carcelaria cruzada por urgencias financieras y vacíos de planificación.
