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Ziliotto: «Ante un escenario de desprotección nacional, a las provincias nos corresponde defender nuestra soberanía»

La Pampa enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para limitar la extranjerización de tierras rurales, resguardando recursos estratégicos como ríos y bosques ante la derogación de la norma nacional mediante el DNU 70/23.

Ante la derogación de la normativa nacional a través del DNU 70/23, la gestión del gobernador Sergio Ziliotto busca ejercer las facultades provinciales sobre el uso del suelo y proteger zonas ambientales estratégicas.

El gobierno de la provincia de La Pampa anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura local con el objetivo de establecer límites estrictos a la extranjerización de tierras rurales dentro de su territorio. La iniciativa surge como respuesta directa a la desregulación nacional derivada del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual derogó la Ley de Tierras N° 26.737 que regía en todo el país.

La medida fue confirmada por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, durante una entrevista concedida al periodista Gustavo «Gato» Sylvestre en el programa radial de Radio 10 (difundida a través del canal oficial de YouTube de la emisora). En dicha oportunidad, el mandatario fundamentó la decisión en el ejercicio de las potestades provinciales no delegadas al Estado nacional.

  1. El marco constitucional y la defensa del dominio originario

Durante la entrevista periodística realizada en Radio 10, Ziliotto remarcó que las provincias conservan la titularidad sobre sus bienes naturales y la potestad regulatoria territorial. «Ante un escenario de desprotección nacional, las provincias tenemos poderes no delegados como el uso del suelo y el dominio originario sobre los recursos naturales», sostuvo el gobernador provincial.

El titular del Ejecutivo pampeano explicó que la legislación provincial busca sentar reglas de juego claras para la inversión privada sin poner en riesgo la integridad del patrimonio público. La iniciativa retoma la tradición histórica de protección territorial iniciada en el país hacia 1869, articulando el desarrollo económico con la preservación del patrimonio hídrico y ambiental.

  1. Topes de superficie y restricciones en áreas estratégicas

El proyecto de ley fija pautas precisas según el nivel de productividad del suelo y la fragilidad del ecosistema local:

  • Prohibición absoluta en zonas críticas: Queda vetada la compra de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera cuando las tierras linden o contengan ríos, lagunas, bosques nativos, salitrales o áreas protegidas.
  • Límites de extensión por unidad económica: Se imponen topes máximos diferenciados de adquisición que van desde 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva hasta 20.000 hectáreas en el oeste profundo de la provincia.
  • Requisitos de residencia: La norma contempla excepciones para ciudadanas y ciudadanos extranjeros que acrediten 10 años de residencia continua en la provincia, o bien 5 años de residencia si poseen cónyuge, conviviente o hijos pampeanos.

Ziliotto aclaró que la medida no constituye una prohibición genérica a la inversión extranjera, sino un marco regulatorio orientado a evitar concentraciones excesivas y la mercantilización de los recursos estratégicos.

  1. Escenario legislativo provincial e impacto en el debate nacional

Respecto al trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de La Pampa, la gestión provincial confía en la aprobación del texto. El mandatario destacó que en la provincia existe un consenso histórico vinculante en materia de pertenencia y defensa del patrimonio local que trasciende las diferencias partidarias.

En el plano nacional, Ziliotto ratificó la postura institucional de los representantes pampeanos en el Congreso respecto del rechazo al DNU 70/23. El gobernador enfatizó la necesidad de recuperar la centralidad del Poder Legislativo y consolidar políticas de Estado duraderas, evitando virajes normativos extremos que comprometan la seguridad jurídica y el desarrollo inclusivo del país

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