La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó oficialmente el informe «La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2026: la adaptación como salvaguarda y motor del desarrollo» durante la 31ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP31) celebrada en Antalya, Turquía. El estudio se elaboró junto al Programa Euroclima de la Unión Europea y la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC).
El documento resalta que la adaptación climática no es una mera respuesta asistencial ante emergencias ambientales. Por el contrario, debe concebirse como una decisión económica estratégica indispensable para blindar la infraestructura productiva, proteger el nivel de actividad y sostener el empleo, especialmente en las economías regionales vulnerables a sequías e inundaciones.
Estrés térmico, inflación de alimentos y el riesgo de pobreza
Las proyecciones del organismo internacional plantean que la inacción climática deteriorará de manera progresiva el bienestar socioeconómico regional. Además de la caída proyectada del 7% en el PIB per cápita hacia mediados de siglo, el estrés térmico recortará la productividad laboral entre un 14% y un 17%, impactando fuertemente en las tareas agrícolas y de infraestructura del interior del país.
Asimismo, las estimaciones centradas en el fenómeno de El Niño 2026-2027 advierten que los desbalances en las cosechas y la generación energética presionarán sobre los precios. Este escenario provocará un aumento del riesgo inflacionario en alimentos y podría sumar a 4,8 millones de personas a la pobreza antes del cierre de la década.
El cuello de botella del financiamiento y la falta de presupuesto
El análisis técnico de la CEPAL deja al descubierto una marcada asimetría en la asignación de recursos monetarios. Aunque el flujo de financiamiento climático en América Latina y el Caribe trepó a US$ 108.000 millones acumulados entre 2020 y 2024, la distribución de los fondos evidencia severas distorsiones.
El 79% de los recursos se canalizó hacia la mitigación de emisiones, mientras que apenas un 12% se dirigió hacia obras de adaptación y resiliencia (con un 9% destinado a proyectos mixtos). A esta brecha financiera se suma una falla institucional de planificación: solo 18 de los 33 países de la región poseen costos calculados de sus planes nacionales de adaptación en sus compromisos climáticos (NDC).
Declaraciones directas y recomendaciones del organismo
En el marco del evento paralelo «Adaptación: una oportunidad estratégica en la región iberoamericana», Carlos de Miguel, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, enfatizó la necesidad de cambiar el paradigma fiscal. En la actividad participaron también representantes de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Costa Rica, México y la CAF.
“Adaptarse al cambio climático no es solo una necesidad ambiental, es también una decisión económica estratégica. Invertir en resiliencia permite proteger nuestra infraestructura, nuestra productividad y nuestros ecosistemas, pero también generar oportunidades de innovación y empleo”, remarcó el funcionario de la CEPAL.
Entre sus recomendaciones centrales, el informe exige priorizar las soluciones basadas en la naturaleza, optimizar la gestión del agua y la infraestructura técnica, fortalecer las redes de protección social y garantizar la participación comunitaria bajo el marco del Acuerdo de Escazú.

