En una jornada marcada por un importante operativo de seguridad, jubilados y referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) se movilizaron este miércoles hacia el Congreso de la Nación. La protesta, que se suma a las habituales marchas de los jubilados en reclamo de aumentos en sus haberes, contó con la adhesión de las centrales obreras en la víspera del paro general convocado para este jueves.
La movilización se desarrolló en un contexto de tensión, recordando la violenta represión sufrida por manifestantes, incluyendo hinchas de fútbol que se habían sumado a la protesta, el pasado 12 de marzo frente al mismo Congreso. Aquel episodio dejó un saldo de heridos, destrozos y detenidos, generando preocupación ante la nueva convocatoria.
En la previa de la marcha, el vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó duramente a la CGT por su participación en la protesta y por el paro general del jueves. «Nadie destrozó tanto el poder adquisitivo como lo hizo Alberto Fernández, a quien no le hicieron un solo paro», afirmó Adorni, descalificando la medida de fuerza y asegurando que «este es el tercer paro que la gente rechaza, aborrece y confirma lo que detesta el sindicalismo argentino».
Por su parte, la CGT emitió un comunicado confirmando su adhesión a la marcha y explicitando sus demandas: «Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social». Desde las 15 horas, miles de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo para expresar su descontento con las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
La jornada de protesta estuvo además atravesada por una polémica judicial. El juez federal Roberto Gallardo prohibió la intervención de las fuerzas federales en el operativo de seguridad de la marcha, dejando la responsabilidad a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión se dio en respuesta a un amparo presentado por la CGT, la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y el gremio de judiciales UEJN.
La reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunció al juez Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, argumentando que su fallo vulneraba la división de poderes. Según fuentes del Ministerio, la decisión del magistrado se basó en «hechos hipotéticos y sin un caso judicial concreto que justificara su accionar», recordando que la Cámara de Apelaciones y el Ministerio Público Fiscal ya habían establecido que solo la Justicia federal puede intervenir cuando se trata de fuerzas federales.
A pesar del fuerte operativo de seguridad dispuesto y la controversia judicial, la marcha de jubilados y la CGT se desarrolló con una nutrida participación, evidenciando la creciente tensión social y el descontento ante la situación económica y las políticas gubernamentales. La movilización se erige como un preludio del paro general de 24 horas convocado por la CGT para este jueves, que promete paralizar gran parte de la actividad en el país.
