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“No vamos a entregar así nomás el patrimonio de la provincia”, advierte ATE por el puerto de Ushuaia

El dirigente de ATE Tierra del Fuego, Jonathan Chocobar, denuncia que la ocupación nocturna del puerto por parte del gobierno nacional pone en riesgo la soberanía provincial y la estabilidad laboral de los trabajadores.

La reciente intervención federal en el Puerto de Ushuaia ha generado alarma entre los trabajadores y gremios de la región. Jonathan Chocobar, referente de ATE Tierra del Fuego, calificó la medida del gobierno nacional como “una acción política autoritaria que vulnera la soberanía de la única terminal estatal de bandera provincial”.

Según Chocobar, las autoridades centrales justificaron la ocupación nocturna alegando fallas de seguridad, pero los sindicatos advierten que la medida pone en riesgo tanto los convenios colectivos como las certificaciones operativas del puerto. La declaración fue publicada originalmente en el sitio web de ATE Tierra del Fuego.

Riesgo laboral y estabilidad de la terminal

El dirigente sindical aseguró que la intervención “amenaza la estabilidad laboral de los trabajadores y compromete el funcionamiento de la terminal”, la cual es clave para la logística antártica y la industria local. Además, señaló que la decisión de la administración central no consideró el diálogo con los actores locales, generando un conflicto que se intensifica día a día.

Los gremios han declarado un estado de resistencia para proteger los derechos adquiridos por los empleados portuarios. Chocobar enfatizó que la defensa de los salarios y los convenios colectivos será prioritaria ante cualquier intento de desmantelar la operación estatal.

Contexto estratégico y económico de la medida

El Puerto de Ushuaia funciona como la principal puerta de entrada a la Antártida y representa un motor industrial fundamental para la isla. Por su importancia logística y estratégica, cualquier intervención externa puede tener consecuencias significativas para la economía local y la seguridad de las operaciones.

Además, la ocupación nocturna y la falta de coordinación con las autoridades provinciales refuerzan la percepción de que la medida responde a intereses políticos más que a necesidades operativas. Los sindicatos han advertido que continuarán con medidas de resistencia hasta que se restablezca el diálogo.

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